2023: el momento de la verdad para España

La decisión del BCE de cambiar el objetivo de inflación al 2% a medio plazo, en lugar de "por debajo pero cerca del 2%”, es tan ambigua que se podría interpretar de distintas maneras, incluso que esta institución empieza a ver las señales de cambio y sus consecuencias. En el nuevo entorno, que no sólo ve el BCE, el PIB de Estados Unidos se recuperará a niveles prepandémicos durante el cuarto trimestre de este año; la Eurozona lo hará en el primer trimestre de 2022. La inflación en Estados Unidos será del 3,9% este año y del 2% el próximo, con una mejora en los resultados empresariales y oferta y demanda desajustadas hasta este otoño, y, sobre todo, una subida de tipos de forma gradual hacia 2023 si no antes; en la eurozona la inflación llegará a un máximo del 2,5% este otoño por el aumento de los precios de la energía y del sector servicios después de la reapertura de la actividad, aunque para 2022 se prevé un descenso hasta el 1,5%, la demanda no superará a la oferta y el aumento salarial será lento.

Dadas las dos corrientes principales de opinión en el BCE, en la jerga “halcones y palomas”, en septiembre los primeros plantearán la necesidad de retirar los estímulos a la economía, lo que inevitablemente lleva a pensar que si el programa para afrontar la pandemia (PEPP) empieza a desaparecer de forma gradual, las altas tensiones económica y política están aseguradas. Para entonces no todos los países ni áreas geográficas se habrán recuperado por igual: Estados Unidos más rápido que Europa y dentro de la Eurozona habrá adelantados y rezagados. Por eso es imprescindible que España no espere hasta 2023.

La retirada de los instrumentos no convencionales de política monetaria y la reducción de la deuda soberana del balance del BCE puede producir un repunte de los tipos de interés en un contexto en el que la pandemia ha agudizado los desafíos asociados a los altos niveles de endeudamiento público. El bajísimo nivel de tipos de interés hace muy cómoda la financiación de la deuda pero, según la Airef, un incremento de tipos de 100 puntos básicos supondría un gasto adicional acumulado en intereses en 2024 superior a 15.000 millones, por encima del impacto estimado de las nuevas medidas de ingresos previstas en APE o el coste del Ingreso Mínimo Vital en ese periodo.

Si no se rompe con la inercia de los gobiernos, el movimiento reflejo político para gestionar esta situación será subir los impuestos, pero existen alternativas menos dañinas para una clase media que, siempre que hay que realizar sacrificios, aparece en el punto de mira. La primera es terminar con la economía sumergida, un problema estructural persistente que reduce la recaudación. La economía sumergida, es decir, todas aquellas actividades económicas que no pagan impuestos e incumplen la legalidad, supone más de 300.000 millones de euros, un 25% del PIB. De esta veta el Estado puede extraer 74.000 millones de euros, los que necesita para igualar los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales y que están seis puntos por debajo de la media europea. Con esa cifra prácticamente cerraría el déficit estructural del Estado, un 6,1% del PIB y el doble de lo que marca la UE.

La segunda es erradicar el fraude fiscal y laboral. Sólo el IVA, el IRPF y el Impuesto de sociedades representan el 65% del fraude total. La tercera es el desempleo, porque si se reduce al 7%, es decir la media de la UE, los ingresos obtenidos por cotizaciones sociales serían de 14.000 millones de euros.

Conclusión, en España se recauda menos porque el fraude es alto, no se genera empleo y existe una lesiva actividad económica en la sombra, sea cual sea el orden en que enumeren estas tres cuestiones. Son muchos quienes no aportan al conjunto, aunque se benefician de las cosas comunes. No hace falta esperar a 2023 para arreglar esos problemas, ni asustar con más impuestos, sólo hacer las cosas bien.