Académicos de universidades internacionales de prestigio debaten en Madrid sobre vivienda asequible

• La problemática es similar en los diferentes países
• Los incentivos para la ayuda al alquiler favorecen la creación de barrios o zonas deprimidas socialmente
• El Estado debe ofrecer incentivos fiscales para animar a la construcción de vivienda social
• El Gobierno debe implantar medidas dentro del marco del mercado pero no regular los precios
• Los municipios tienen poder para poner suelo público a disposición a precios más competitivos así como para agilizar los trámites para la construcción

La escuela de negocios paneuropea ESCP EUROPE y la consultora de servicios inmobiliarios BNP Paribas Real Estate han celebrado una mesa redonda sobre vivienda asequible en el marco de la conferencia “Low-Income Housing Supply and Housing Affordability” que se ha celebrado en la escuela los días 4 y 5 de junio.

La mesa, compuesta por cinco prestigiosos académicos de la University of California, Los Ángeles (UCLA), la University College London (UCL), la Tel Aviv University y la University of Wisconsin Madison, abordó la situación de la vivienda para rentas bajas en diversos países, como Estados Unidos, Francia, Portugal, España o Israel y concluyó que la problemática era similar en todos ellos.

“El asunto de la vivienda asequible para personas con rentas bajas tiene características comunes en la mayoría de los países y es un problema multidimensional”, ha comentado el profesor Jaime P. Luque, director del Programa Avanzado de Real Estate, by ESCP Europe y BNP Paribas Real Estate, y precursor del evento.

Luque ha resumido algunas de las conclusiones extraídas del encuentro. De este modo ha explicado que, según los académicos, los incentivos para la ayuda al alquiler favorecen la creación de barrios o zonas deprimidas socialmente. También ha subrayado los argumentos de los expertos sobre el papel del Estado en materia de vivienda asequible, que debe ser el de agente regulador y facilitador de incentivos fiscales para animar a su construcción. La intervención del Gobierno es necesaria, además, para la previsión de vivienda social o para implantar medidas dentro del marco del mercado, pero no para la regulación de precios, cuyas consecuencias serían negativas de acuerdo con los académicos.

El debate también ha girado en torno a la situación de España en relación a otros países. En este sentido se ha comentado que, así como en Estados Unidos las personas se trasladan a ciudades en las que tienen posibilidad de acceder a una vivienda con una renta inferior, lo que produce mecanismos de vaciado de mercado y, como consecuencia, una autorregulación de precios, en Europa, y más concretamente en España, esta solución es difícil de implementar, ya que la dependencia familiar genera inmovilidad.

Sin embargo, en materia de vivienda social, España tiene un punto a su favor de acuerdo con los expertos: mientras en Estados Unidos las jurisdicciones compiten por atraer las mayores rentas, lo que forma un conjunto de medidas de exclusión social, en Europa, y más concretamente en España, siguen existiendo barrios donde todas las rentas, -bajas, medias y altas- están integradas, lo que favorece la inclusión.

No obstante, Luque ha apuntado: “En España no tenemos las medidas que tienen en Estados Unidos: un abordaje ‘promercado’ para aliviar la problemática de acceso a la vivienda. El sistema de incentivos crediticios es una de estas medidas. Las grandes corporaciones pueden ayudar a financiar la construcción de vivienda asequible a través de un sistema con incentivos fiscales. En España, las jurisdicciones locales podrían ofrecer esos incentivos fiscales a los constructores ya que, si estas medidas disminuyen el precio de mercado, la renta que al final acaba pagando la población más desfavorecida es menor.”

Los académicos también han comentado que en la actualidad el público Millenial tiene enormes dificultades para adquirir su propia vivienda y puede llegar a destinar casi el 50% de su sueldo a comprar una casa, lo que puede mermar la capacidad productiva de un país. Para solucionarlo, los expertos han debatido sobre el papel de los municipios y sobre su poder para poner suelo público a disposición a precios más competitivos y para agilizar los trámites para la construcción. Según los participantes en el debate, este aspecto es fundamental, porque se trata de una solución que abarata los costes y, en consecuencia, el precio final de la vivienda.