AleaSoft: Resumen 2021 (parte IV): Un año de inestabilidad regulatoria

La carrera para proteger a los consumidores de la subida de precios
Los últimos meses de 2021 han sido una carrera de pasos atropellados e improvisados para reducir el impacto de los altos precios del mercado eléctrico MIBEL en la factura que pagan los consumidores finales. El 14 de octubre se votó y convalidó en el Congreso español el Real Decreto‑ley 17/2021 que había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre. En este Real Decreto‑ley se incluían varias medidas de urgencia, la más controvertida fue el mecanismo de minoración del exceso de retribución por los altos precios del gas, que estará en vigor hasta el 31 de marzo del 2022.

El mecanismo de minoración del exceso de retribución, que se aplica a las centrales inframarginales en el territorio peninsular, entre ellas las renovables que no perciben un régimen retributivo específico, generó un gran revuelo en el sector desde el primer momento. Tanto fue el clamor, que el 21 de septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo pública una nota aclaratoria en la que precisó que de esta minoración se excluye la energía eléctrica cubierta por algún instrumento de contratación a plazo cuyo precio no esté indexado al precio del mercado, pero esto solo para los contratos que no estén firmados entre empresas de un mismo grupo.

Esta aclaración, que no fue incluida en el texto del Decreto-ley que se aprobó finalmente, no fue suficiente para calmar los ánimos del sector, sobre todo de las grandes empresas verticalmente integradas que vieron cómo se quedaban fuera de la excepción. En última instancia, un cambio de regulación de esta magnitud, que intervenía directamente sobre los ingresos de los productores, creó una enorme inseguridad jurídica que prácticamente paralizó las inversiones y puso en peligro la transición energética.

Poco después el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, modificaba el RDL 17/2021 para incluir también los contratos a precio fijo dentro de empresas del mismo grupo en la exención a la minoración. Pero, más allá de aclarar la situación y calmar un poco los ánimos, este nuevo Real Decreto-ley sólo contribuyó a acentuar la inseguridad regulatoria para las inversiones en España.

Con el mismo objetivo de abaratar el coste de la factura eléctrica a los consumidores finales, en junio el Gobierno presentó un Anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. La intención del Gobierno es recortar los llamados windfall profits, los beneficios caídos del cielo, a las centrales hidroeléctricas y nucleares más antiguas que se consideran amortizadas. El recorte afectaría a hidroeléctricas y nucleares que deberían pagar los costes de los derechos de emisión de CO2, aunque no emitan CO2 ni gases de efecto invernadero. Una propuesta de cambio regulatorio de esta envergadura ya puso en alerta a todos los inversores nacionales e internacionales e hizo tambalear la seguridad jurídica y regulatoria de España.

Objetivo: la transición energética
Pero más allá de los parches legislativos, en 2021 también se han aprobado normativas ambiciosas de cara a la transición energética y los objetivos medioambientales a largo plazo. En este aspecto, lo más relevante ha sido la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El texto pretende blindar el compromiso de España con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y encarrilar la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

La Ley marca, a 2030, el objetivo de reducir las emisiones un mínimo del 23% respecto al año 1990. Para ello, se proponen los objetivos de alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de, al menos, un 42% y una cuota de energías renovables en el mix de generación de electricidad de, al menos, un 74%.

Durante 2021 también se han aprobado planes a largo plazo en el marco de la transición energética como la Estrategia de Almacenamiento Energético, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la Hoja de Ruta del Autoconsumo y la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar.

En esta misma dirección, el 14 de diciembre el Gobierno aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) como una herramienta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Son muchas siglas, pero este plan tiene previsto destinar más de 16 mil millones de euros para maximizar las oportunidades económicas, industriales, laborales, y de innovación para las empresas españolas en la transición energética.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables
Los cambios regulatorios pueden tener un impacto importante en la percepción del riesgo país para los inversores internacionales. Dado que la inversión extranjera va a ser imprescindible para alcanzar los objetivos del PNIEC, es muy importante mantener una percepción de estabilidad regulatoria y disponer de una visión a largo plazo y previsiones de precios de mercados de electricidad fiables y coherentes.

El impacto de la situación regulatoria actual en el desarrollo de los PPA, tanto offsite como onsite y en la financiación de proyectos de energías renovables será analizado por los ponentes invitados de PwC España en el próximo webinar organizado por AleaSoft Energy Forecasting, que será el primero de 2022 de su serie de webinars mensuales, y donde se analizará también la evolución de los mercados de energía en Europa durante los últimos meses.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/2021-anno-inestabilidad-regulatoria/

Nota de prensa AleaSoft: Resumen 2021 (parte IV): Un año de inestabilidad regulatoria en comunicae.es