Ante el incremento de mortalidad empresarial, los economistas destacan 3 soluciones para empresas en dificultades: alertas tempranas, reestructuración y el procedimiento concursal

En plena tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de reforma concursal, el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas de España– ha organizado hoy una sesión titulada Diagnóstico y soluciones eficientes para empresas en dificultades económicas, en la que economistas, jueces y representantes de organizaciones europeas ha debatido sobre las posibles soluciones que existen para empresas en dificultades económicas. En la Jornada han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Juan Carlos Robles, presidente de REFOR-CGE; Morten Møller, network coordinator de Early Warning Europe; Salvador Marín, presidente de EFAA for SMEs y director del Servicio de Estudios del CGE; y Amanda Cohen, magistrada del CGPJ especializada en el ámbito mercantil.

Para los representantes del Consejo General de Economistas, los últimos datos estadísticos sobre mortalidad empresarial y concursalidad no son nada halagüeños. Si bien en 2021 se han incrementado las constituciones de empresas, también lo han hecho las extinciones de sociedades. Los economistas han destacado la baja longevidad de las empresas españolas en comparación con otros países de nuestro entorno: la esperanza de vida de las empresas en España es aproximadamente de unos 11 años, y transcurridos tres años tras la creación de una empresa, solo sobrevive el 50% (según un estudio realizado por Cepyme). Según Valentín Pich, presidente de dicho Consejo General, “en cuanto a la demografía empresarial, el principal problema de España no es tanto la constitución de empresas, pues se constituyeron más de 100.000 empresas en 2021 superando cifras de 2019 pre Covid, con un incremento del 7,6%, sino que una gran parte de estas empresas –especialmente pymes– mueren y desaparecen a los pocos años”. Para Pich, “en España hay un problema con la creciente mortalidad y la extinción prematura de sociedades”. Así, según datos de Registradores, en 2021 se extinguieron en España más de 34.000 empresas (un 9% más que en 2019). Entre las razones, los economistas señalan el reducido tamaño de las empresas españolas, lo que hace que tengan menor capacidad de resiliencia.

Por otra parte, los concursos de acreedores de empresas –según los últimos datos de 4 de abril de Informa D&B– han aumentado un 3,5% en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo período de 2021 (pasando de 1.578 a 1.633). Según ha calculado el REFOR, si comparamos estos datos de 2022 con el mismo período del año previo al Covid, el incremento llega al 53% (pasando de 1.065 concursos de empresas en el primer trimestre de 2019 a 1.633 en el mismo período de 2022). Este incremento puede considerarse de momento moderado, pero, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que, dado que todavía persiste la moratoria concursal hasta 30 junio 2022, la evolución estadística sigue siendo peculiar. Será a partir de dicha fecha, cuando se pueda ver probablemente un incremento concursal mayor, por el efecto dique de contención que se viene produciendo en estos años con estas moratorias, que ya han desaparecido en la gran mayoría de países de nuestro entorno. Lo que sí se está apreciando ya de forma clara es el importante crecimiento en los concursos de autónomos y personas físicas (para obtener la segunda oportunidad) al ser estos más vulnerables.

No cabe duda de que las empresas –especialmente las pymes– se encuentran ante serias dificultades y amenazas por la actual coyuntura provocada por la Covid y la guerra en Ucrania. Para hacer frente a posibles situaciones de insolvencia y tratar de evitar la liquidación, el Consejo General de Economistas señalan tres tipos de soluciones, a modo de triaje empresarial –de menor a mayor gravedad–, para las empresas y los autónomos: alertas tempranas, reestructuración y procedimiento concursal.

A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado el escaso uso del procedimiento concursal en nuestro país –con una de las tasas de concursalidad más bajas de Europa–, por lo que considera que “habría que impulsar el uso de los planes de reestructuración como uno de los principales ejes de la reforma concursal que se está tramitando actualmente en el Parlamento”, y que este tipo de operaciones –que ahora se aplican más bien para entidades grandes y medianas– se puedan extender también a las empresas de menor dimensión como solución general a la insolvencia, quedando los procedimientos concursales para los casos más graves sin otra solución que la cirugía empresarial”.

Por su parte, el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, ha destacado la importancia de las alertas tempranas, “que se configuran como un sistema preventivo a modo a modo de `chequeo´ para poder detectar los problemas de las empresas con suficiente antelación”. Sobre este aspecto, también se ha pronunciado Morten Møller, coordinador de la organización Early Warning Europe, quien expuso los resultados y experiencias que esta red europea de alertas tempranas está desarrollando para empresas en diversos países de Europa, entre ellos España, con “unos buenos y esperanzadores resultados al adelantarse en el tiempo a las insolvencias”. Para Møller, “es fundamental actuar en las pymes cuanto antes y no solo hacerlo con sistemas de detección más o menos automatizados, sino también contando con la ayuda de profesionales especializados en la materia”.

Por su parte, Salvador Marín, director del servicio de Estudios del CGE, realizó una exposición sobre reestructuraciones empresariales en la que comentó que “se trata de una de las soluciones fundamentales que ofrece el nuevo Proyecto de Ley Reforma concursal para tratar de evitar liquidaciones de empresas , derivado de la Directiva de Insolvencia” y, alineándose con lo comentado anteriormente por el presidente del Consejo General de Economistas, afirmó que “el reto será aplicar estos sistemas de reestructuración a las pymes y a las microempresas, con las debidas adaptaciones”. Cerró el acto la magistrada del CGPJ especialista en el ámbito mercantil, Amanda Cohen, quien explicó las novedades del Proyecto de Ley Concursal encaminadas a agilizar los concursos de acreedores, así como las herramientas que ofrece para las empresas en situación de insolvencia, como el Pre-pack.