Demandas de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

De estos sólo el 34,5% estaban ocupados o parados, mientras que el resto se consideran inactivos, es decir, que o no están disponibles o no están en condiciones de incorporarse al mercado laboral, incluyéndose en esta categoría a los estudiantes, jubilados o pensionistas, dedicados a labores del hogar, incapacidades laborales y otras situaciones…, dato que evidencia la baja participación del colectivo con discapacidad en el mercado laboral.

Adicionalmente, la brecha en la tasa de empleo y la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad es elevadísima: Frente a un 65,9% de ocupados entre las personas sin discapacidad, hay un 25,8% de ocupados sobre el total de las personas con discapacidad. Si bien, los datos evidencian cierta mejora respecto al año 2017 en términos absolutos, la brecha entre la discapacidad y la no discapacidad se mantiene año a año sin que se acorten distancias.

Ante estos datos, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo considera indiscutible que hay que garantizar el acceso a un puesto de trabajo para el mayor número de personas con discapacidad que, de una forma u otra, se han incorporado al mercado laboral o tienen interés en hacerlo– pues el derecho al trabajo es un derecho fundamental-. Es evidente que queda un largo camino por recorrer para lograr entre las personas con discapacidad unas cotas más altas de actividad en el mercado laboral, y que la cuota de ocupados ha de seguir aumentando, tratando de lograr asimismo el máximo empleo entre aquéllas personas con discapacidad que desde el desempleo reclamen una oportunidad laboral.

Únicamente un 15,6% de las personas con discapacidad ocupadas en 2018 eran trabajadores por cuenta propia, los restantes 434.000 eran trabajadores asalariados, de los cuales 282,7 mil eran asalariados en centros ordinarios, mientras que el resto trabajaban en Centros Especiales de Empleo o eran funcionarios que cotizan a las mutualidades del Estado.

En este punto, hay que hacer especial referencia a los denominados Centros Especiales de Empleo, una gran mayoría de los cuales están representados por la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo CONACEE. Estos Centros son uno de los principales generadores de puestos de trabajo en España para decenas de miles de personas con discapacidad, facilitando una cuarta parte de los empleos de este colectivo.
Los Centros Especiales de Empleo tienen la particularidad de considerarse trabajo protegido, es decir, que se han diseñado para los casos en los que la persona con discapacidad puede ejercer una actividad laboral, pero no en el mercado ordinario. Con al menos el 70% de sus plantillas con discapacidad, son, pues, un mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario por parte de las personas con discapacidad con dificultades de inserción en el mercado laboral.

Sin embargo, durante el ejercicio 2019 se han consolidado las consecuencias de una diferenciación introducida en nuestra normativa a mediados de 2018, por la que se crea la subcategoría de Centros Especiales de Empleo denominados de Iniciativa Social, con base exclusivamente en que estén promovidos o participados en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro y que reinviertan sus beneficios.

Según viene anunciando CONACEE, es necesario corregir de forma inmediata la aplicación de esa diferenciación entre la Iniciativa Social y la iniciativa privada o empresarial en distintos ámbitos: de momento, en la reserva en la contratación pública y la retribución de los trabajadores. Si no se establecen medidas correctoras, en 2020 seremos testigos un daño irremediable para el empleo de las personas con discapacidad, con una ya inexorable pérdida de puestos de trabajo, que llevará a que la brecha, con respecto al mercado laboral de las personas sin discapacidad, resulte insalvable, según confirmarán los datos de 2019.

… Porque no podemos desincentivar la participación de los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral con discriminaciones salariales – como es una doble tabla salarial- en función del titular del Centro Especial de Empleo.

… Porque no podemos desmotivar a personas con discapacidad de emprender iniciativas empresariales por y para un sector que sobradamente conocen, obligándolas a constituir asociaciones o fundaciones y a reinvertir sus beneficios, para lograr cierta competitividad.

… Porque no podemos consentir que las empresas más sociales del país, aquéllas en las que los porcentajes de personas con discapacidad en la plantilla de media superan el 87% y que son más del 65% de los Centros Especiales de Empleo existentes, por el mero hecho de no pertenecer a una asociación o a una fundación, hayan de ser expulsadas de la contratación pública reservada y, en el sector privado, obligadas a competir en desigualdad de condiciones, frente a otras organizaciones cuyos costes operativos se reducen “gracias” a los inferiores salarios de sus trabajadores y sus ingresos se incrementan mediante el acceso a unas ayudas y subvenciones restringidas.

… Porque no es justo obligar al trabajador de un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social a percibir un salario inferior al que percibiría por el mismo trabajo en un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Privada, con la excusa de que el beneficio que generará ese ahorro de costes se reinvertirá en aquél otro fin que decida el empresario social para el que trabaja.

Y sobre todo, porque los datos sobre la discapacidad y el empleo presentados requieren medidas y soluciones, pero, con una brecha y desigualdades como las actuales, no nos podemos permitir el lujo de desandar lo avanzado.
Por todo ello, CONACEE reclama en 2020 de nuestras Administraciones, Tercer Sector, empresas, organizaciones y sindicatos justicia para entidades y trabajadores de Centros Especiales de Empleo de todas las categorías, y un trato igual entre iguales, pues es un derecho y una obligación de todos velar porque nadie se quede atrás.