El 30% del gasto de la mayoría de los Ayuntamientos españoles se destina a funciones de gobierno o de apoyo administrativo

De los de 8.131 municipios existentes en España, el 84% (6.808) tienen menos de 5.000 habitantes. En esta tipología de municipios los gastos en actuaciones de carácter general (órganos de gobierno, servicios de carácter general, administración financiera y tributaria, y transferencias a otras Administraciones Públicas) constituyen la primera partida de gastos (con un 30%), ligeramente por encima incluso de los destinados a servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente). A la vista de estos datos, los economistas abogan por la cooperación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios, más aun si se tienen en cuenta las medidas que los ayuntamientos han ido tomando –y que tendrán que seguir tomando– para adaptarse a la situación provocada por el Covid y dar un mejor servicio a los ciudadanos. A ello hay que sumarle también otros retos a los que habrán de enfrentarse los ayuntamientos, ya que, según la OCDE, al menos 100 de las 169 metas en las que se desglosan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin el compromiso y la coordinación con los gobiernos locales y regionales.

Esta es una de las conclusiones del estudio “Los municipios en tiempos de Covid: el territorio de la cooperación”, editado por el Consejo General de Economistas de España, y que hoy han presentado su presidente Valentín Pich, junto con el presidente del Comité del Sector Público de dicho Consejo General, Emilio Álvarez, y los autores del estudio, los economistas Luis Caramés y Amelia Díaz.

El estudio realiza un breve recorrido por algunos aspectos clave de la situación actual de las haciendas locales, comenzando por unas primeras consideraciones en torno a la dimensión óptima de las jurisdicciones locales, siguiendo con un análisis detallado de la evolución del gasto no obligatorio de los municipios, haciendo una especial referencia a los gastos derivados de la singularidad de algunos municipios, como son los municipios turísticos. Incluye también dos apartados dedicados a temas de actualidad en el mundo local como son, por un lado, la remunicipalización de los servicios públicos, y por otro lado la contribución de los gobiernos locales a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se incluye también un último apartado dedicado a las haciendas locales y la Covid-19.

En cuanto a la racionalización del gasto de los municipios, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que “a través de las Fichas Socieconómicas –herramienta desarrollada por el Consejo General de Economistas que permite analizar cualquier variable socioeconómica de cualquier municipio de España– hemos detectado que de los 6.808 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, algo más de la mitad (3.585) disponen de piscinas cubiertas o al aire libre de uso colectivo”, algo que –según Pich– “si en un determinado momento pudo tener algún sentido, hoy no lo tiene, no solo por lo gravoso que resulta el mantenimiento de estas instalaciones sino, sobre todo, por una cuestión medioambiental”. “¿No sería más razonable establecer sistemas de transporte no contaminantes entre pueblos próximos?”, se ha preguntado.

En este sentido se ha expresado también uno de los dos autores del Estudio Luis Caramés –asesor de Coyuntura del Consejo General de Economistas y presidente de la Fundación Belarmino Fernández (BFI) –, quien ha señalado que ”muchos de los éxitos en la fusión de municipios vienen de la mano de colaboraciones intermunicipales preexistentes; de ahí lo relevante de una etapa intermedia de cooperación, que podrá desembocar o no en un proceso de fusión voluntaria”. Con respecto a las fusiones de municipios, Caramés ha llamado la atención sobre el hecho de que “la renta de situación de los actores políticos locales, junto a elementos sociológicos diversos, entorpecen los procesos de redimensionamiento, sobre todo los de naturaleza radical (fusiones)”. De ahí que, para el asesor de Coyuntura del Consejo General de Economistas, “los gobiernos de nivel superior, con competencias en la materia, deberían llevar a cabo un ejercicio de persuasión con los municipios potencialmente susceptibles de fusión, poniendo en primer plano la evidencia de su ineficacia, ligada al tamaño, que se manifiesta en la provisión subóptima de bienes y servicios públicos locales. Como acompañamiento estratégico imprescindible, debería utilizarse una gama de incentivos, tales como reducción de deuda, financiación de infraestructuras o similares”.

Municipios turísticos

Durante la presentación del estudio se ha hecho una especial mención a los denominados “municipios turísticos”. A este respecto, el estudio llama la atención sobre una situación que califica de “absurda” como el hecho de que la ley de financiación de las haciendas locales deje fuera de la definición de municipio turístico aspectos tan importantes como la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística, lo que ha llevado a que desde esta perspectiva queden fuera de esta definición una gran parte de los municipios españoles referentes en el ámbito del turismo y que solamente 15 municipios de 8 provincias hayan recibido la calificación de turísticos de acuerdo con esta definición.

A este respecto, la otra autora de este informe, Amelia Díaz –profesora de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo Colmeiro, al igual que Luis Caramés– ha señalado que, a la vista del estudio, “queda bastante claro que los municipios turísticos reciben financiación por la población real censada y no por la flotante, al igual que cualquier otro ayuntamiento, pero su gasto es superior, dado que soportan más costes en materia de suministros, sanidad, seguridad o infraestructuras, ya que, en determinados momentos del año, sobre todo en verano, la cifra de visitantes supera hasta en dos y tres veces a la población de derecho”. Es por ello que, según Díaz, “resulta razonable la financiación adicional que vienen reclamando los municipios turísticos para hacer frente a esos gastos derivados de su singularidad”.

Remunicipalización de Servicios Públicos

Según el estudio, España ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor número de remunicipalizaciones en el período 2000-2019, con 119. Entre 2010 y 2019 se produjeron en España 89 remunicipalizaciones de servicios públicos en 66 municipios (la mayoría a partir de 2015), 28 de ellas correspondientes a la gestión del servicio público del agua. Según este estudio que se ha presentado hoy, no existe una respuesta única a la pregunta de cuál de las dos modalidades de gestión (pública o privada) es más eficiente y pueden encontrarse diversos ejemplos en los dos sentidos.

Es por ello que, en nombre del Consejo General de Economistas, su presidente Valentín Pich ha pedido que, “a la hora de optar por uno u otro tipo de gestión, se haga exclusivamente por criterios de eficiencia y no por motivos ideológicos”. En este sentido, Amelia Díaz, ha señalado que “en la llamada remunicipalización han primado en muchos casos las razones ideológicas por encima de razones de eficiencia en la gestión. No debería ser así, hay que tener en cuenta que los costes de transacción de la remu­nicipalización pueden entrañar el pago de una indemni­zación a los operadores privados por los beneficios que han dejado de percibir”

En al acto ha participado también el presidente del Comité de Auditoría del Sector Público del Consejo General de Economistas, Emilio Álvarez, quien ha puesto de manifiesto la importancia del sector público. “En estos momentos el sector público supone algo más del 50% del PIB de nuestro país, por lo que estudios como el que hoy hemos presentado cobran una especial importancia ya que pueden aportar puntos de vista que resulten de utilidad a los responsables políticos e institucionales a la hora de repensar planteamientos y actitudes con objeto de evitar duplicidades y progresar en la sostenibilidad financiera, en este caso, en el ámbito local –ha señalado Álvarez–. “Esperamos que este trabajo sirva también para poner en valor a los municipios como motor del desarrollo económico y elemento fundamental para la recuperación, como prueba el esfuerzo realizado en los últimos tiempos por las haciendas locales, que se han visto sometidas a una gran presión como consecuencia de la pandemia y han estado sujetas a más de 100 normas nuevas en nueve meses, sin contar las aprobadas por las diferentes Comunidades Autónomas”, ha concluido Valentín Pich.