El 71% de las empresas debe aceptar plazos de cobro superiores a los deseados

De acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, en 2022 los plazos de pago se han estabilizado en valores muy similares a los de 2021, cuando los estímulos fiscales y las inyecciones extraordinarias de liquidez al tejido productivo devolvieron los plazos de las ventas a crédito en el B2B a niveles pre Covid-19. En marzo de 2020, coincidiendo con la declaración de la pandemia, las medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de la actividad productiva, los plazos de pago mostraron el peor comportamiento de toda la serie histórica del Estudio.

De acuerdo con el trabajo de campo, en el que han participado más de 800 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, un 11% del tejido productivo trabaja por encima de los 90 días, un valor similar a 2019. El 54% de las empresas opera con plazos superiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, tres puntos más que en 2019.

El 71% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor entre las pymes y la gran empresa. Solo el 8% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración tiene que aceptar una extensión indeseada de los plazos de pago, un porcentaje sensiblemente inferior al registrado en la crisis de 2008. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago también se reduce al 12%. En el caso de la pyme y la gran empresa este valor alcanza el 39%.

La pandemia modificó el comportamiento de los dos principales segmentos empresariales en los que se apoya la economía española: las diferentes oleadas realizadas en 2020 y 2021 registraron un peor comportamiento entre las pymes que en la gran empresa, algo inédito desde que Crédito y Caución e Iberinform comenzaron a elaborar este estudio. En 2021, solo el 33% del tejido productivo tuvo que aceptar plazos de pago superiores a los deseados por parte de las empresas de mayor tamaño frente al 43% que tuvo que alargar los plazos para trabajar con el segmento de pymes. En el caso de las grandes empresas, se trataba del menor porcentaje de la serie histórica, lo que implica un esfuerzo durante la crisis por no agravar las tensiones de liquidez de sus proveedores. En el caso de las pymes, se observó un claro empeoramiento en las primeras oleadas de la pandemia, un síntoma del intento de trasladar a través de la cadena de valor los problemas de tesorería que generó la pandemia en este segmento. La primera oleada de 2022, sin embargo, muestra un comportamiento similar en ambos segmentos, un primer indicio de una vuelta a la situación prepandémica, en la que la gran empresa muestra el peor comportamiento en pagos.

Mientras las pymes fueron las principales responsables del retraso en pagos, el tejido apuntó a la falta de liquidez como principal explicación de este comportamiento. En línea con el cambio de patrón, el retraso intencionado de los clientes (49%) vuelve a ser la razón más citada para explicar la morosidad empresarial, por delante de la falta de disponibilidad de fondos (47%). La complejidad del procedimiento de pagos (15%), la emisión de facturas incorrectas (7%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (6%) completan las motivaciones esgrimidas por los clientes para retrasar sus pagos.