El CES propone ayudas económicas y bonos sociales en la Ley General de Telecomunicaciones

El Consejo Económico y Social de España (CES) opina que la imposición de obligaciones de servicio universal de telecomunicaciones a las operadoras privadas puede ser insuficiente para garantizar la universalización del acceso a los grupos de población más vulnerables, por lo que plantea complementarla con un mayor compromiso de las Administraciones públicas. En particular, propone ayudas económicas y bonos sociales, tal y como recoge el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones aprobado por el Pleno la semana pasada.

El Consejo ve bien que este texto se oriente al impulso de la vertebración económica, social y territorial, así como al cierre de las brechas de desigualdad social por falta de acceso o uso de Internet por motivos socioeconómicos, de género, generacional o territorial. Y para atajar estas brechas, recomienda desarrollar efectivamente la regulación sobre tarifas sociales en función de niveles de renta o similares, y orientar con la máxima eficiencia los fondos asignados a estrategias de digitalización en el Plan de Recuperación, donde la aprobación de esta nueva Ley constituye uno de los hitos.

Concretamente, si el objetivo es garantizar a toda la población -con independencia de su localización geográfica- un conjunto de servicios básicos de comunicaciones a un precio asequible y con una calidad determinada, el Consejo plantea incluir expresamente a las personas mayores y a quienes viven en zonas rurales o geográficamente aisladas en los grupos de población con “necesidades sociales especiales” susceptibles de beneficiarse de las ofertas de servicio universal.

Asimismo, insta a valorar la oportunidad de financiar el servicio universal con fondos públicos, donde no llegue la iniciativa privada, y seguir la línea del marco fiscal que se acuerde en el seno de la Unión Europea con el objeto de que en la financiación del servicio universal participen todos los agentes involucrados.

En líneas generales, el Consejo ve acertada la decisión de elaborar una nueva Ley General de Telecomunicaciones, en lugar de modificar la vigente, ya que permitirá una mayor coherencia en la regulación sectorial y una mayor seguridad jurídica, lo que ayudará a avanzar en la transformación digital y promoverá la inversión. De igual modo, piensa que es necesaria tanto para fomentar el despliegue de redes de alta capacidad como para nivelar las obligaciones de las operadoras de telecomunicación tradicionales y los nuevos servicios digitales.

Sin embargo, entiende que hay un amplio margen de mejora porque se trata de una norma cuyos efectos se extienden más allá del mercado de telecomunicaciones y afectan a un mercado global de servicios digitales en el que confluyen los diferentes agentes de la cadena de valor como los servicios audiovisuales, de contenidos o los ofrecidos a través de Internet, así como plataformas, servicios en la nube, aplicaciones o sistemas operativos, entre otros.

El Consejo cree además que el sector debe contar con mecanismos flexibles para modificar con agilidad, previa evaluación, su marco regulatorio, dado que es un ámbito sometido a continuos y acelerados cambios; entendiendo que el plazo de 5 años previsto en el Anteproyecto para adecuarlo es demasiado largo.

Despliegue de redes

El Consejo ve bien que la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación sean objetivos declarados del Anteproyecto. En este sentido, considera que las medidas de fomento de las inversiones en infraestructuras y redes de alta capacidad, tanto por parte de operadoras privadas como también, subsidiariamente, públicas, suponen un avance para garantizar la disponibilidad de infraestructuras en el conjunto del territorio, que permitan ofrecer las mismas oportunidades a las personas o empresas usuarias finales independientemente de su ubicación geográfica, con una calidad suficiente y a un precio asequible.

En todo caso, asegura que sigue siendo necesario realizar un mayor esfuerzo en formación y comunicación sobre la aplicación práctica de la Ley entre el personal técnico y jurídico de todos los niveles de las Administraciones públicas con capacidad para dictar resoluciones en el ámbito del despliegue de redes.

Finalmente, en relación a la planificación pública necesaria para la efectiva materialización de las nuevas infraestructuras, destaca que determinados incumplimientos sobre planes inversores de las operadoras deberían tipificarse como infracciones muy graves, en atención a su perjuicio para el interés público, ya que obstaculizan la competencia efectiva y, con ella, el correcto despliegue de redes.

Incentivar la inversión para crear empleo

En paralelo, el Consejo respalda que el Anteproyecto recoja entre sus objetivos el desarrollo del empleo asociado a la economía digital, pero cree que se continúa atendiendo sobre todo a una competencia basada en los precios, cuando habría que orientar más la regulación a otras opciones para estimular la inversión, que redundarían en mayor y mejor creación de empleo, en especial de base tecnológica.

En consecuencia, aboga por que la futura Ley recoja otras medidas para favorecer la actividad inversora y, con ella, el fomento real del empleo, tales como: la configuración de la coinversión como eje principal de colaboración; la implantación de memorias sobre fomento del empleo a recoger en todos los procesos de licitación para la explotación de espectro; o la reorientación del rol de las operadoras, llevándolo más allá de la pura gestión de las redes de telecomunicaciones, recuperando su papel primordial como polos de innovación y favoreciendo su capacidad de inversión en I+D y de dinamización tecnológica del tejido productivo y social.

En este marco, el Consejo ve preocupante la carencia de referencias a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para la concreción de la futura normativa de desarrollo de la Ley en aspectos referentes al empleo. Y pone en valor el papel del diálogo social para que el desarrollo de la futura ley se realice adecuadamente, tanto con criterios técnicos como con una correcta valoración de los impactos socioeconómicos.