Entrevista a Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos

¿El dilema entre salud y actividad económica es cierto o es otra de esas de ideas que se han instaurado de repente?

No debe haber un dilema entre salud y actividad económica, más bien al contrario, salud y progreso económico siempre han ido de la mano. La mejora de las condiciones sanitarias permitirá un mayor progreso económico y viceversa. En una situación como la actual debemos buscar el equilibrio entre proteger la salud y que la actividad económica siga funcionando, algo que se está logrando poco a poco, si bien en algunos sectores, donde la cercanía entre personas es mayor, resulta algo más complicado por las características de esta epidemia. Tanto las empresas como los clientes se están adaptando a esta situación y buscando nuevas vías de negocio que protejan a las personas y permitan la actividad.

Los avales del ICO solo sirven para empresas solventes. Algunos bancos están empezando a ejecutar deudas en mora de clientes, aun a sabiendas de que no van a cobrar. ¿Qué hacemos con los autónomos y pymes a los que hace un año se les ofrecía un crédito al consumo por Internet y ahora no pueden ni renegociar las deudas?

Los avales del ICO están destinados a evitar que empresas que, en circunstancias normales, serían perfectamente viables acaben cerrando por problemas de solvencia causados por la caída transitoria de la actividad provocada por la pandemia. Las entidades financieras son las que deben decidir sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y sus políticas de concesión y riesgos.

¿Qué gastos no imprescindibles podrían recortar las Administraciones Públicas?

No se trata tanto de gastar menos, sino de gastar de forma más eficiente. El Instituto de Estudios Económicos publicó a principios de este año el informe ‘Eficiencia del gasto público. Medición y propuestas de mejora’, en el que desarrolló el Índice IEE de eficiencia del gasto público. Según este Índice, España tiene un margen de mejora de su eficiencia del 4% respecto a la media de la UE y un 14% respecto al promedio de la OCDE.

Para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público en España, habría que llevar a cabo una evaluación rigurosa y externa de las políticas públicas. En este sentido, destacan los trabajos de la AIRef, que ha iniciado un proceso de revisión del gasto para el conjunto de las Administraciones Púbicas, con la finalidad de detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre Administraciones.

Existen importantes áreas de mejora, como es el caso de la educación, las políticas activas de empleo o la eliminación de duplicidades entre administraciones. Entre las buenas prácticas para contener el gasto público, España está acometiendo un notable proceso de digitalización de su sector público, que debería extenderse a todas las Administraciones. Por otra parte, la colaboración público-privada resulta ser un catalizador obligado de eficiencia en la Administración Pública. Es incuestionable que la externalización hacia el sector privado, por parte de estas Administraciones, es una fuente de ahorro para los contribuyentes y de mejora de la eficiencia asignativa.

¿Es coherente en esta situación subir el SMI, aumentar los impuestos y reducir algunas desgravaciones?

En el momento actual todavía existe mucha incertidumbre sobre el momento de la resolución de la crisis y la intensidad de la recuperación, no es lo mismo que se produzca en unos meses que a finales de 2021. En este contexto, no parece coherente tomar decisiones, que no son urgentes, y pueden perjudicar la recuperación de la economía. Ahora mismo lo razonable sería esperar al menos hasta mediados de 2021 para tomar decisiones sobre salarios o impuestos, en función de las perspectivas económicas.

¿Qué opina de la formación financiera de la población española en general?

Claramente es muy mejorable y en muchos casos es prácticamente inexistente, a pesar de que desde 2014 forma parte del currículo escolar. Hay cuestiones como el ahorro, la planificación de la jubilación, la adquisición de productos financieros de inversión o la selección de créditos, hipotecas, que casi todos llevaremos a cabo en algún momento de nuestra vida y que pueden condicionar la economía familiar drásticamente. Lo acertado o no de estas decisiones, de forma agregada, redunda en la capacidad de resistencia del conjunto del país ante crisis económicas. Por ello, es necesario hacer un mayor esfuerzo por formara la población general, para que conozcan y comprendan los productos financieros, sus implicaciones y riesgos, de forma que puedan optimizar sus decisiones.