El Consejo de Ministros ha aprobado hoy diversas contribuciones voluntarias por un total de 17 millones de euros a organismos internacionales, monto dirigido a paliar la crisis humanitaria de la población venezolana desplazada, así como el impacto en las comunidades de los países de acogida. id:65208
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajarán con financiación española para proveer de asistencia básica a las personas desplazadas, reforzar las capacidades de las comunidades de acogida y contribuir a la protección de la población más vulnerable.
España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizará una contribución cinco millones de euros a la OIM, la misma cantidad al BID y siete millones de euros a ACNUR.
Desde 2017 hasta 2019, la Cooperación Española ha aportado veinte millones de euros en respuesta humanitaria a esta crisis, tanto en la región como dentro del país. En 2019, el 42% de los fondos humanitarios de la AECID se destinaron a la emergencia venezolana, que constituye la segunda crisis de desplazamiento externo más grave en el mundo, únicamente superada por la crisis de Siria, y que desde 2017 ha llevado al exilio a 5,5 millones de venezolanos, de los que el 85 por ciento permanece en la región.
La atención a la crisis migratoria venezolana es una prioridad para España, que en la “Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos en el contexto del COVID 2019”, celebrada en mayo de este año, comprometió 50 millones de euros entre 2020 y 2022. Durante la Conferencia, se obtuvo una recaudación record de 2.512 millones de euros.
Según los datos de octubre de 2020 de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay 4,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. De ellos, 1.764.883 se encuentran en Colombia, 1.043.460 en Perú y 417.199 en Ecuador. Se prevé que la cifra total de desplazados pueda aumentar hasta 6,5 millones a finales de año.
Entre las iniciativas previstas por estos tres organismos internacionales destacan el fortalecimiento de los sistemas de asilo nacionales, la asistencia legal gratuita, el apoyo a menores no acompañados, la inclusión socioeconómica, medidas sanitarias y de fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, el mapeo regional de la situación, la lucha contra la discriminación y las operaciones financieras para proyectos de desarrollo.