FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que considera abusivas en sus condiciones contractuales

FACUA-Consumidores en Acción ha instado a la multinacional alemana Mytaxi a que corrija una serie de condiciones contractuales que considera contrarias, entre otras, a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios. Tras analizar el contrato de su filial en España, Mytaxi Iberia SL, la asociación ha detectado hasta diez cláusulas que podrían ser abusivas.

FACUA está a la espera de que Mytaxi conteste a la reclamación que le trasladó el pasado 31 de enero y confía en que modifique sus condiciones contractuales para ajustarse a la normativa de protección de los consumidores, el Código Civil y la jurisprudencia española y europea. De no ser así, planteará a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas que expedienten a la empresa.

Una mera intermediaria

En sus condiciones generales de contratación, Mytaxi se presenta como una mera intermediaria entre el usuario y el taxista que termine realizando el transporte e intenta eximirse de responsabilidades ante cualquier anomalía en la prestación o el cobro del servicio: que el taxi se retrase o no llegue, la aplicación de un cargo desproporcionadamente superior al precio estimado ofertado, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes. "De la utilización de la aplicación no nacerá ningún contrato para el transporte de personas entre mytaxi y el usuario", llega a plantear una de sus cláusulas contractuales.

Hace dos semanas, FACUA presentó por irregularidades similares una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde presta sus servicios. Y es que al igual que ocurre con las plataformas que ofertan los servicios de transportes con licencias VTC, al solicitarse un taxi a través de Mytaxi se produce la contratación de un servicio que incluso puede pagarse a través de su propia aplicación.

Al igual que Cabify, Mytaxi pretende que su actividad esté sometida a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) para intentar acogerse al régimen de reponsablidad específico que recoge esta normativa y no tener que responder ante los usuarios por cualquier clase de daño o perjuicio sufrido en la prestación de los servicios que oferta. Pero FACUA advierte de que las características de los servicios de este tipo de plataformas impiden que puedan considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, como puso de manifiesto la sentencia contra Uber dictada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En otras de sus cláusulas, Mytaxi indica que "el lugar de cumplimiento es Hamburgo", en Alemania, y que "para este contrato se aplicará exclusivamente el derecho alemán". Y ello pese a que el servicio se presta en España a través de Mytaxi Iberia SL, cuyo domicilio social está en Madrid. Además, la empresa plantea que si el usuario quiere plantear una reclamación por correo postal, debe dirigirse a la sede de su matriz en Hamburgo en lugar de a la de su filial en la capital de España.

Irregularidades en el pago

En cuanto a posibles anomalías en el pago de los servicios, Mytaxi señala en su contrato que "no asumirá responsabilidad alguna por la realización de pago a través del método de pago a través de la aplicación". "Si el importe se carga equivocadamente en la cuenta o en caso de problemas con el procedimiento de pago, el usuario deberá dirigirse al proveedor de los servicios financieros o a la entidad financiera", advierte la empresa en una cláusula que FACUA también considera abusiva.

La empresa también establece en su contrato que si el usuario se demora en el pago del taxi cobrará "intereses de demora de unos 5 puntos porcentuales por encima del tipo de interés básico anual". Y va aún más allá al indicar que si comprueba "un perjuicio más alto que el perjuicio causado por la demora, Mytaxi tendrá derecho a reclamarlo".

FACUA considera desproporcionado que la compañía pretenda establecer las citadas penalizaciones en caso de que un consumidor no pueda hacer frente en el acto al pago del taxi, ya sea porque su tarjeta de débito se ha quedado sin saldo o porque al llegar al destino repara en que no llevaba suficiente efectivo. En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo estableció, en una sentencia de 2015, que las entidades financieras pueden aplicar como máximo intereses de demora de dos puntos porcentuales por encima del establecido en el contrato.