Comercio, hostelería e inmobiliarias son los sectores más afectados al ser los que tienen mayor porcentaje de insolvencias. id:75344
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) considera que el 40% de las empresas españolas llevarán a cabo en los próximos tiempos procesos de restructuración. Ante esta cifra, el anteproyecto de Ley de reforma concursal presentado por el Gobierno en pleno periodo vacacional tanto empresarial como judicial (cuyo periodo de alegaciones culminaba ayer, 25 de agosto), es en opinión de
Patricia Munné, responsables del área jurídica de IAG Auction, precipitado y con un planteamiento erróneo de prioridades al centrarse en salvar la situación de la Administración Pública frente al empleo y la viabilidad de las empresas dado que el mismo considera prioritario hacer frente a Hacienda y la Seguridad Social aunque eso suponga en naufragio definitivo de la empresa.
“Es un proyecto estatalizante y nada proclive a la preservación del empleo ni de la estructura empresarial española formada en un 94% por micropymes -empresas de menos de 10 trabajadores-“, afirma Patricia Munné, responsables del área jurídica de IAG Auction, entidad especializada en la realización de subastas y la gestión de venta de activos concursales.
Desde IAG Auction consideran especialmente preocupante el trato que las micropymes reciben en el anteproyecto de Ley. Estas empresas, de menos de 10 trabajadores, suponen el 94% del tejido empresarial español y están experimentado un fuerte incremento de procesos concursales, casi 4.000 en lo que va de año, en especial en sectores especialmente afectados por la pandemia como han sido hostelería y comercio.
Estas empresas, según el anteproyecto, se supone que podrán llevar a cabo procesos de restructuración y sistemas de cálculo de pagos online pero la realidad es que serán procesos con inseguridad jurídica sin el apoyo profesional y solvente de un administrador concursal y, en consecuencia, incrementará los cierres desordenados y de efectos secundarios graves para proveedores y trabajadores.
La idea que subyace en la reforma legal desde la exposición de motivos es la de reducir la saturación de la justicia y agilizar trámites pero la realidad es que en ámbitos como la “segunda oportunidad” hay vacíos legales que van a provocar el efecto contrario del deseado incrementando la judicialización de muchos procesos.
Disconformidad con la creación de una plataforma pública de liquidación de bienes por innecesaria
Asimismo desde IAG Auction se muestra la disconformidad con la propuesta incluida en el anteproyecto de ley de creación de una plataforma electrónica pública de liquidación de bienes. Los datos demuestran que las entidades especializadas han sido muy eficaces en la gestión de dichos bienes y la obtención de recursos para reflotar la empresa o proceder a su liquidación de forma ordenada.
Datos del propio Ministerio de la Presidencia ponen de relieve que las subastas extrajudiciales de entidades especializadas superan el 90% de efectividad en las pujas, frente al 61% de las notariales y el 45% de las judiciales. Entre enero de 2020 y enero de 2021, se llevaron a cabo 127.567 subastas judiciales de las que, según datos de la Administración de Justicia, solo el 45% (5.845) recibió pujas, mientras que las subastas de IAG Auction recibieron ofertas en un 90,7% de ocasiones.
En palabras de Patricia Munné: “Las reformas legales están para modificar lo mejorable y afianzar lo que funciona como es el caso de las subastas extrajudiciales que hasta el momento actual han sido impulsadas por la mismísima administración de justicia. Queremos que la reforma legal contenga un reconocimiento a la labor llevada a cabo por las entidades especializadas”.
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