Insiste en la necesidad de una fiscalización diferenciada para territorios despoblados, como el de la provincia. id:49031
La Cámara de Comercio de Soria se une a la petición al Gobierno Central del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea sobre la necesidad de una armonización fiscal entre territorios ante el perjuicio que podría suponer para la región y para la provincia de Soria la anunciada bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid. La petición desde la Cámara va más allá y reclama de nuevo una fiscalización diferenciada para territorios despoblados, como Soria, una de las medidas que plantean los expertos para revertir la alarmante situación demográfica de la llamada España vaciada.
La petición pretende evitar que se produzca una competencia desleal que incremente la fuga de empresas hacia la comunidad vecina. Hay que tener en cuenta que las empresas son las que sostienen a la población, una materia especialmente sensible en Soria. En 2018, y según datos de los Registradores de la Propiedad, 249 empresas abandonaron Castilla y León y 150 de ellas se instalaron precisamente en Madrid, un número que podría crecer si aumentan las ventajas fiscales de la Comunidad vecina.
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso prometió en su investidura la “mayor rebaja fiscal de la historia” de la región con una bajada de todos los tramos del IRPF que hará que se llegue a pagar hasta un 5,5 % menos de este impuesto. En la actualidad, los tramos del IRPF en Madrid son medio punto menos que en Castilla y León, lo que no resulta especialmente desequilibrante, pero sí lo sería un tipo impositivo como el anunciado.
Cabe recordar que desde los años 90, Castilla y León y La Rioja han recurrido sistemáticamente las ayudas a la inversión en el País Vasco, las llamadas ‘vacaciones fiscales vascas’, que han pasado por varios procesos judiciales, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó en 2018 recuperar cerca de 600 millones de euros en impuestos que en su día fueron perdonados a unas 300 empresas y después de que las diputaciones forales abonaran la multa de 30 millones de euros que les impuso la Comisión.
Las “vacaciones fiscales” vascas suponían créditos fiscales sobre el 45% de las inversiones superiores a 15 millones de euros y exenciones temporales que rebajaban la presión fiscal del impuesto de sociedades para las compañías de nueva creación durante sus primeros cuatro ejercicios con beneficios, unas condiciones muy ventajosas que han provocado la fuga de empresas desde Castilla y León a territorio vasco.
La Cámara de Comercio de Soria se ha mostrado siempre contraria a estas ayudas a la inversión que han supuesto una competencia desleal entre territorios y de igual manera reclama una fiscalización diferenciada para Soria que permita contar con una cierta igualdad de oportunidades, ya que zonas como la Comunidad de Madrid parten con claras ventajas competitivas, entre otras, las infraestructuras.
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