La Comisión Europea abre una investigación acerca de las ayudas públicas destinadas a la renovación de la flota de Air Nostrum en España

Air Nostrum es una compañía aérea regional con sede en Valencia (España). En el marco de sus proyectos para estimular el desarrollo económico de la región, el Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana aprobó en 2018 la concesión a Air Nostrum de una subvención por un importe máximo de 3 millones de euros. Además, tiene la intención de conceder otra subvención por un importe máximo de 6 millones de euros durante el período 2019-2020. El objetivo de estas medidas es apoyar la renovación de la flota de la compañía aérea mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente.

España sostiene que la medida entra en el ámbito de aplicación de las normas en materia de protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC), por lo que no es necesario notificarla para su evaluación por la Comisión en virtud de las normas en materia de ayudas estatales.

El RGEC y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permiten a los Estados miembros apoyar medidas que tengan una incidencia positiva en el medio ambiente (por ejemplo, porque reducen el consumo de combustible, el ruido o los gases de efecto invernadero). Sin embargo, para ser conformes con las normas de la UE en materia de ayudas estatales, es preciso que estas medidas respeten determinadas condiciones de forma que se asegure que tienen el efecto positivo deseado en el medio ambiente. Se trata, entre otras, de que el apoyo incentive la inversión privada en la opción más respetuosa con el medio ambiente, permita al beneficiario incrementar el nivel de protección medioambiental derivado de sus actividades, se limite al mínimo necesario y no falsee indebidamente la competencia en el mercado único.

La investigación de la Comisión

En este momento, la Comisión alberga dudas de que la ayuda total por valor de 9 millones de euros prevista para Air Nostrum entre dentro del ámbito de aplicación del RGEC y cumpla con las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En concreto:

• La Comisión duda de que la ayuda tenga un «efecto incentivador». A este respecto, la Comisión investigará si la decisión adoptada por Air Nostrum en 2017 de adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes en términos de consumo de combustible fue consecuencia directa de la ayuda, en consonancia con los requisitos establecidos en el RGEC y en las Directrices, o si la inversión en la opción más respetuosa con el medio ambiente se habría realizado en cualquier caso, incluso sin la ayuda pública. Cabe recordar que Air Nostrum ya había renovado su flota con dieciocho aeronaves Bombardier CRJ-1000 antes de 2017 sin ayuda alguna.
• Por otra parte, el Reglamento solo se aplica a las medidas en apoyo de las inversiones realizadas por la compañía aérea beneficiaria. En virtud del RGEC, para que un arrendamiento financiero pueda considerarse una inversión, el contrato de arrendamiento financiero tiene que establecer la obligación (y no solo la posibilidad) de comprar la aeronave. Hoy por hoy, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum cumpla esta condición.

La Comisión va a seguir investigando para determinar si se confirman o no estas reservas iniciales. La apertura de una investigación exhaustiva brinda a todas las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida. No prejuzga en modo alguno el resultado de la investigación.

Contexto

Invertir en la renovación de una flota mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente es, en principio, una buena iniciativa, que la Comisión respalda. Las decisiones de las compañías aéreas de invertir en una flota más respetuosa con el medio ambiente pueden obedecer no solo a la obtención de ayudas estatales, sino a otros factores, como el hecho de que las aeronaves eficientes en términos de consumo de combustible también reducen los costes de explotación de las compañías aéreas o la decisión independiente de renovar la flota y sustituir los aviones más viejos por otros más modernos y respetuosos con el medio ambiente. Conceder una ayuda a una gran empresa que habría invertido de todas maneras en aeronaves más nuevas y ecológicas solo serviría para reducir sus gastos de explotación ordinarios mientras sus competidores (locales) tendrían que soportarlos sin ayuda. Esto provoca distorsiones de la competencia a expensas de los contribuyentes.

El RGEC y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permiten a los Estados miembros apoyar medidas en favor de la protección del medio ambiente si la ayuda respeta determinadas condiciones. Tanto el RGEC como las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía imponen las obligaciones siguientes:

• la ayuda debe permitir al beneficiario aumentar el nivel de protección ambiental derivado de sus actividades;
• la ayuda debe tener un «efecto incentivador» real, es decir, debe incitar efectivamente al beneficiario a invertir en una opción más respetuosa con el medio ambiente;
• la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para que la empresa decida invertir en soluciones más respetuosas con el medio ambiente;
• la ayuda no debe tener efectos negativos indebidos sobre la competencia en el mercado.

La versión no confidencial de la decisión correspondiente se publicará con el número SA.50707 en el Registro de Ayudas Estatales de la página web de competencia de la Comisión, una vez se hayan resuelto los posibles problemas de confidencialidad. La lista de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en internet y en el Diario Oficial figura en las noticias semanales en línea sobre ayudas estatales