La Plataforma Pymes ve insuficiente la ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario

Para la Plataforma Pymes -asociación intersectorial que agrupa a asociaciones y federaciones empresariales, que representan a 2.500.000 pymes y autónomos en toda España-la aprobación de la ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario podría suponer una ocasión perdida para la mejora de la productividad de las Pymes y autónomos, y por extensión de la economía de la Unión Europea y de España. Recordamos la importancia que las valoraciones de los activos a hipotecar en cualquier crédito hipotecario tienen para el interés general de la economía, por su influencia en la estabilidad financiera de la misma.

En una situación de profundo endeudamiento y de falta de productividad de las economías avanzadas, entre la que se encuentra España, y en el que el agotamiento del efecto de la política monetaria no convencional y acomodaticia de bajos tipos de interés, interés de depósito negativo y expansión de balances de Bancos Centrales, estaría facilitando la apertura de la segunda fase de la Gran Crisis Financiera iniciada en 2007, la Plataforma considera que las medidas macroprudenciales para el prestatario DSTI y LTI (crédito responsable), basadas en la capacidad de pago del deudor hipotecario y no en la valoración del activo hipotecado (LTV), deberían estar implementadas cuanto antes para tratar de prevenir cualquier burbuja en la valoración de activos, y con ello contribuir al afianzamiento de la estabilidad financiera.Desde hace tiempo, todos los organismos económicos internacionales están reclamando a España la implantación de estos sistemas, ya que es de los pocos Estados Miembro de la UE que no los tiene implantados, a pesar del consentimiento de los organismos internacionales.

La Plataforma Pymes entiende, al igual que por ejemplo el Banco Internacional de Pagos que la estabilidad financiera no puede lograrse solo con estas medidas, también es necesario un cambio en la política monetaria.En ese sentido desde la Plataforma, con carácter general, se abogaría por una progresiva normalización de la política monetaria acomodaticia y no convencional, siempre que fuera acompañada de una devaluación estructural, basada en políticas de oferta, para lograr una mejora de la productividad que hasta ahora no se ha acometido con la suficiente intensidad en la economía de la Unión Europea y de España, debido al efecto placebo provocado por la política monetaria en vigor; con carácter particular,y en esta misma línea, la Plataforma apoyaría que el BCE intensificara en junio su anunciada normalización de la política monetaria.

Estos llamamientos de los organismos económicos internacionales se han intensificado en los últimos tiempos, ante la constatación de que el BCE podría no modificar su actual política monetarialo que podría conducir a excesos de valoraciones por encima de términos medios.

A pesar de estas advertencias, la Plataforma lamenta que estas medidas macroprudenciales para el prestatario, no hayan sido incluidas en la ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario aun cuando aparecen referenciadas en la directiva europea hipotecaria. De continuar en vigor la actual política monetaria expansiva, podría afectar negativamente a la estabilidad financiera de la economía española y por extensión al interés general de la misma.

La actual política monetaria expansiva, la ausencia de estas medidas macroprudenciales en la ley y si las mismas tampoco fueran implantadas por la Autoridad Macroprudencial pendiente de creación, podrían afectar negativamente a la estabilidad financiera de la economía española y por extensión a la productividad e interés general de la misma.

La Plataforma considera que la implantación de medidas macroprudenciales y la progresiva normalización de la vigente política monetaria, podía incentivar la implantación de políticas de oferta que impulsaran una devaluación estructural que tuviera como objetivo la mejora de la productividad. Todo ello, como una línea más de actuación del capitalismo inclusivo defendido por la Plataforma Pymes en su documento marco, en contraposición, tanto al capitalismo neoclásico, financiero, clientelar, rentista y extractivo, como al anticapitalismo ideológico; basado en una economía de mercado social e inclusiva, centrada en la igualdad de oportunidades y competencia entre empresas, favorecedor de la creación de rentas excesivas por parte de monopolios y oligopolios que con sus posiciones de dominio de mercado perjudican a las Pymes y autónomos y al interés general de la productividad de la economía, evitando una redistribución de la riqueza con carácter ex ante a través de una formación justa de precios.