La PMP plantea sus demandas al PP para lograr un marco normativo que mejore la atención a las personas mayores en las entidades financieras

Así, durante la reunión, que la PMP ha calificado de “muy positiva”, ha trasladado a la representante del PP en el Congreso su preocupación, denunciando la barrera de trato y atención personal en las entidades financieras que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años. Una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones online.

Entre las medidas que la PMP ha propuesto, destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

En este sentido, Carmen Riolobos se ha mostrado muy receptiva y concienciada respecto a dichas propuestas e incluso ha mostrado su preocupación en este sentido acerca de los principales problemas sufridos por las personas usuarias de banca en la actualidad, como es el cierre de las oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la obligación de pedir cita, la ausencia de habilidades informáticas de algunos colectivos o la complejidad de manejo de los cajeros y las aplicaciones móviles, entre otras.

Para la PMP “hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la población, tanto en las ciudades como muy especialmente en el mundo rural. Por ello, es tan importante que se produzca un cambio normativo y un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados que ofrezca soluciones lo más inmediatas posible”.

De hecho, esta reunión con la portavoz parlamentaria del PP ha coincidido con la firma por parte de todos los grupos parlamentarios en el Senado de una moción adicional a las enmiendas del proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual recoge demandas concretas al Gobierno y las entidades financieras. Dicho proyecto de ley, incluyendo las citadas enmiendas, se llevará a trámite al Congreso de los Diputados el jueves de la semana próxima. Esto demuestra que estos encuentros con representantes políticos e instituciones llevados a cabo por la PMP empiezan a dar sus frutos.

Otras demandas planteadas por la PMP son la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción presencial y humana con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.

Asimismo, la PMP demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayor, entre otros.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad. No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.