Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “es prioritario asesorar a pymes, microempresas y autónomos solicitantes de ayudas mediante una evaluación estratégica que permita testar si sus proyectos de inversión se alinean con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. id:82176
El Consejo General de Economistas de España, a través de su Comité del Sector Público y del Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de auditoría–, ha celebrado hoy de manera virtual la octava edición de sus
Jornadas de Auditoría del Sector Público en la que se han dado cita cerca de 300 profesionales del sector, y en la que
los economistas auditores han puesto en valor, nuevamente, su papel en el seguimiento de los diferentes proyectos financiados a través de los fondos de recuperación europeos para asegurar que cumplen con los fines para los que fueron concedidos.
En el encuentro, que ha sido inaugurado por la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, han participado, el Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano, el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Emilio Álvarez, el jefe de división de la IGAE, Javier Font, el jefe de proyectos de la CEOE, Luis Socías, y la codirectora de Red Localis y doctora en Derecho, Concepción Campos. El acto ha sido clausurado por el director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE, Jorge Castejón.
Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se ha referido a la importancia que cobra en nuestra actual coyuntura económica una eficiente ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos de recuperación europeos. Según ha expresado, “parte de su éxito dependerá de su correcta ramificación hacia pymes y autónomos que son el grueso de nuestro tejido empresarial y que son quienes han sufrido en mayor medida los efectos económicos adversos de la pandemia”. Así, según ha recordado Valentín Pich, el PRTR incluye un apartado específico de apoyo a pymes y autónomos con una serie de medidas con las que se pretende, en definitiva, reforzar el ecosistema empresarial español. Por ello, según el presidente de los economistas, para rentabilizar esta importante dotación de ayudas públicas, “es prioritario asesorar a pymes, microempresas y autónomos solicitantes de ayudas mediante una evaluación estratégica que permita testar si sus proyectos de inversión se alinean con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Además, el presidente de los economistas ha recordado que las ayudas de fondos europeos tributan a Hacienda –un 25%, en el caso de las sociedades y, si es persona física, al tipo marginal de la tarifa del IRPF–, un factor que “habrá que tener muy en cuenta a la hora de hacer previsiones”.
Por su parte, el presidente del REA, Emilio Álvarez, ha hecho hincapié en los beneficios de la colaboración de los auditores privados con los interventores públicos para proporcionar una mayor transparencia de la gestión del dinero público cuyo gasto ha supuesto más del 50% de nuestro PIB en 2021. Así mismo, Álvarez ha recordado que la UE obliga a comprometer el 70% de la inversión entre 2021 y 2022. Para el presidente de los economistas auditores “este plazo es muy corto para que el órgano de intervención del estado pueda practicar un exigente control previo”. Durante su intervención, Emilio Álvarez ha querido dejar claro el importante papel de los economistas auditores en el seguimiento de la ejecución de los fondos de recuperación. Así, según ha informado, “la orientación que en nuestro país se le da a la fiscalización de las ayudas europeas es complementar un menos exigente examen previo con una mayor carga de revisión posterior en línea con las propuestas de control que exige la UE; es en esta parte del proceso donde los auditores privados pueden apoyar a la IGAE, proporcionando una garantía sólida en un entorno difícil y en rápida evolución como el actual”.