Los Técnicos de Hacienda avalan la deflactación del IRPF, pero rechazan una rebaja generalizada de impuestos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, avalan la propuesta para deflactar el IRPF, tras la propuesta que ha defendido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

De esta manera, los técnicos respaldan la medida para evitar que los contribuyentes deban pagar más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo como consecuencia del aumento de la inflación acumulada en los últimos años.

Una medida que, a su juicio, debería ir acompañada de un aumento de la tributación para rentas y patrimonios altos así como para los beneficios de las grandes empresas que no se hayan visto afectadas por la crisis; en línea con las posturas de organismos como el FMI o la OCDE.

En cuanto a la deflactación, Gestha propone acordar las escalas estatales y autonómicas de la base liquidable general y del ahorro, así como los mínimos personales y familiares estatales, según la estimación de la inflación media acumulada de 2021 y 2022, y con efectos retroactivos al 1 de enero para que también beneficie a los herederos de quien pueda fallecer en este año.

Los técnicos consideran que esta medida debe acompañarse con nuevos tramos en las escalas estatal y autonómica de la base liquidable general y del ahorro vigentes.

En los ámbitos autonómicos, Gestha defiende la deflactación de las escalas autonómicas del IRPF y los mínimos personales y familiares autonómicos según la estimación de la inflación media acumulada de 2021 y 2022, con efectos retroactivos al 1 de enero, en ejercicio de la corresponsabilidad fiscal de los Gobiernos autonómicos.

Sin embargo, los técnicos rechazan una rebaja generalizada de impuestos, teniendo en cuenta el aumento del gasto público para atender a los ciudadanos y empresas más afectadas por la guerra en Ucrania; advirtiendo del impacto que podría provocar en términos de déficit y deuda.

Por otra parte, reiteran la urgencia de reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como de fortalecer el control del gasto público y de mejorar su eficiencia para evitar escándalos como el de las comisiones en contratos públicos como el de las mascarillas o el de Aquamed: labores en torno a las que se muestran dispuestos a asumir más competencias y responsabilidades.