Respaldo a la energía nuclear en Europa

El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictó una sentencia por la que las empresas eléctricas alemanas tienen derecho a recibir una compensación razonable por el cierre prematuro de sus reactores nucleares, aunque la legislación del año 2011 para el cierre de las centrales nucleares sea conforme con la constitución del país.

En el año 2010, el gobierno de la Canciller Angela Merkel había aprobado la extensión de la vida operativa del parque nuclear alemán, por lo que las empresas propietarias de las centrales invirtieron varios miles de millones de euros en las mismas. Sin embargo, a raíz del accidente de Fukushima en marzo de 2011, el gobierno revirtió esta decisión, haciendo parar de forma inmediata, inicialmente para un periodo de tres meses, a 8 reactores –concretamente a los que habían comenzado su operación en o antes de 1980- de los 17 que conformaban el parque nuclear en ese momento, y posteriormente impedir la reanudación de su funcionamiento. Los estados alemanes donde se ubican estos reactores ejecutaron las órdenes sin consultar a los organismos reguladores independientes con respecto a la seguridad de las centrales. Se estableció también la parada progresiva del resto de reactores, teniendo que cerrar el último en el año 2022.

De forma conjunta, las empresas eléctricas perdieron 8.336 MWe de potencia nuclear tras el cierre de las centrales Biblis A y B, Neckarwestheim 1, Brunsbuttel, Isar 1, Unterweser y Phillipsburg 1. A pesar de que había comenzado su operación en 1984, la central de Krummel no se reinició tras una parada de recarga de larga duración.

Tres de las cuatro compañías operadoras de estas centrales, E.On, RWE y Vattenfall, emprendieron acciones legales para solicitar una compensación por el cierre prematuro de sus reactores, argumentando que el cambio de la ley constituía una expropiación y se había producido una devaluación de las inversiones realizadas. Por otra parte, EnBW, propiedad en un 45% del estado de Baden-Württemberg, gobernado por el Partido Verde, no presentó ninguna reclamación.

En su fallo, el Tribunal Constitucional ha indicado que la legislación de cierre nuclear se adecúa en gran medida a la constitución alemana. No obstante, señala "que viola el derecho a la propiedad constitucionalmente garantizado, hasta el punto en que la introducción de fechas fijas para el cierre de las centrales nucleares no asegura que la producción eléctrica asignada por ley a las centrales en 2002 sea utilizada por las compañías afectadas antes de las fechas previstas para su cierre". El Tribunal añade que la legislación alemana "no contempla ningún acuerdo con respecto a las inversiones realizadas en legítima previsión de los permisos de producción adicional que se adjudicaron en 2010, y que se vieron devaluados como resultado de la eliminación de estos permisos" de acuerdo con la legislación de cierre nuclear.

El Tribunal Constitucional ha declarado que el organismo legislador debería al menos haber tenido en cuenta estas pérdidas en su decisión. Por lo tanto, ha fallado que las empresas eléctricas deberán recibir como mínimo una compensación parcial por el cierre prematuro de las centrales nucleares.

E.On ha declarado pérdidas de 8.000 millones de euros como resultado de esta orden del gobierno alemán, mientras que Vattenfall declara pérdidas de 4.700 millones de euros. Se calcula que las pérdidas de RWE son de unos 6.000 millones de euros.

Según el fallo, el legislador debe crear nuevas disposiciones legales para la ejecución de esta compensación antes de junio de 2018. El Tribunal no ha especificado cuánto dinero deberán recibir las empresas eléctricas, pero el fallo establece jurisprudencia para acuerdos extrajudiciales o para la presentación de nuevos litigios.

En sendas notas de prensa, E.On, RWE y Vattenfall han expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional y declaran estar preparadas para entrar en conversaciones constructivas con el gobierno sobre la ejecución de este fallo. También han indicado que la cantidad compensatoria que van a exigir no puede cuantificarse hasta que se haya analizado en mayor detalle la decisión del Tribunal.

Desde la decisión gubernamental del cierre de las centrales nucleares en marzo de 2011, Alemania ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero -por una mayor utilización de las centrales de carbón para sustituir la producción eléctrica de origen nuclear- así como los precios de la electricidad, especialmente para los consumidores domésticos, los más altos de la zona euro según Eurostat.

Los ciudadanos suizos rechazan el cierre gradual de sus centrales nucleares

Por otra parte, en un referéndum celebrado en Suiza el pasado 27 de noviembre, la mayoría de los ciudadanos (54,2%) han rechazado una iniciativa popular -apoyada por el Partido Verde- que proponía introducir una estricta agenda para eliminar gradualmente la energía nuclear en el país.

En 2010 Suiza contaba con un plan para sustituir los cinco reactores actuales, apoyado en referéndum por los ciudadanos y con el respaldo técnico del organismo regulador del país. Este programa fue eliminado por un voto del Consejo Nacional en 2011, cuatro meses después del accidente de Fukushima, y Suiza emprendió el camino para cerrar progresivamente sus centrales nucleares.

Tras la celebración de este último referéndum (el séptimo que se celebra en el país sobre este asunto desde 1979, todos ellos con resultado a favor de la continuidad de la energía nuclear) y que ha contado con una participación del 45% de los ciudadanos, la mayoría de los suizos han manifestado su oposición al cierre anticipado de sus centrales, que habría llevado a Beznau 1 y 2 así como a Mühleberg a cesar su actividad en 2017 (al haber cumplido ya 45 años) y a Gösgen y Leibstadt en 2024 y 2029 respectivamente.

Puesto que una aprobación del referéndum suponía cambios en la constitución del país, para haber salido adelante se necesitaban dos mayorías: la de la población y la de los cantones que conforman el país. Ninguna de las dos se ha alcanzado, ya que también 20 de los 26 cantones han rechazado la propuesta. En casi todos los cantones de habla germana, en los que se encuentran los cinco reactores, el rechazo ha sido abrumador; en la mayoría de los francófonos el resultado fue favorable.

En un comunicado, el Foro Nuclear Suizo ha indicado que "la gran mayoría de los votantes suizos han expresado su confianza en los operadores de las centrales nucleares y en el organismo regulador. El evidente rechazo de esta iniciativa popular demuestra que los suizos consideran de gran importancia mantener una fuente de generación eléctrica fiable y respetuosa con el medio ambiente y que están en contra de un cierre prematuro del parque nuclear por razones puramente políticas".

En la actualidad, Suiza cuenta con 5 centrales nucleares que en 2015 produjeron más del 33% de la electricidad total generada en el país, siendo la segunda fuente que más aporta al sistema eléctrico nacional tras la hidráulica.