Cristina Cifuentes firma con los sindicatos tres acuerdos que mejoran las condiciones de trabajo de los empleados públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha firmado hoy con los representantes de los sindicatos presentes en la Mesa general de Negociación de los empleados públicos (CCOO, CSIT-Unión Profesional, UGT y CSIF) tres acuerdos que mejoran las condiciones laborales de los empleados públicos que trabajan en la Administración regional.

En concreto, se ha ratificado la puesta en marcha, por un lado, de dos protocolos integrales de prevención y actuación ante todo tipo de acoso y ante cualquier forma de violencia en el trabajo; y, por otro, la mejora de la cobertura de los empleados públicos en los casos de incapacidad temporal por contingencias.

Unos acuerdos, ha dicho Cifuentes, “que se enmarcan en nuestra política de diálogo social y máxima colaboración con los representantes de los empleados públicos y los interlocutores sociales, que tantos pactos significativos está consiguiendo en beneficio de todos”. Es el caso, ha recordado, de otros seis grandes acuerdos alcanzados con los representantes sindicales y con la patronal desde el comienzo de la legislatura, relativos a la creación de empleo, a la economía social, a mejorar las condiciones laborales del sector público, de los bomberos, de los educadores, y trabajadores del 112.

En la firma, en la que también han estado presentes el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, y el director general de Función Pública, Antonio López Porto, han participado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid, David Jabato; el secretario general de CSIT-Unión Profesional, José Ángel Montero; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Santiago Tamame; y el presidente de CSIF Madrid, Manuel González Molina.

Tanto el protocolo de prevención y actuación frente al acoso psicológico o moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio en el seno de la Administración Pública como el protocolo general de prevención y actuación contra cualquier forma de violencia en el trabajo tienen una estructura que recoge tres aspectos.

En primer lugar, un medidas preventivas para evitar tanto los distintos tipos de acoso como los actos de violencia interna o externa en los centros de trabajo.

En segundo, un procedimiento de denuncia, investigación y registro de cualquier tipo de incidente de este tipo que se pudiera producir. Y, finalmente, un catálogo de medidas de protección, restitución de la dignidad y las condiciones de trabajo y de asistencia sanitaria y psicológica gratuita para los empleados que padezcan cualquier tipo de acoso o de violencia en el ámbito laboral.

ESTRATEGIA INTEGRAL

Como rasgo distintivo, los dos protocolos que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid se caracterizarán por ofrecer una estrategia integral e integrada de actuación en estos casos. Así, el protocolo frente al acoso ofrece un marco de actuación conjunto frente a todos los tipos de acoso laboral existentes, integrando toda la legislación en la materia y facilitando a los empleados públicos el acceso a las medidas de prevención y actuación, al figurar todas en un único documento. Asimismo, recoge todos los tipos posibles de acoso sexual independientemente del género, lo que garantiza la protección tanto a mujeres como a hombres.

Por su parte, el protocolo contra la violencia incluye medidas de prevención frente a todos los tipos de violencia, tanto la que se pueda producir entre empleados públicos como la que pueda darse por parte de los usuarios de los servicios.

Para la Comunidad de Madrid, el protocolo frente al acoso es un paso más en la aplicación efectiva de la reciente Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, que prevé en su artículo 44 la adopción de este tipo de medidas en el ámbito laboral. De esta manera, el Gobierno regional da ejemplo en su propia Administración pública de su compromiso con la no discriminación por razón de orientación o identidad sexual.

PROTECCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD

Por su parte, el tercer acuerdo firmado hoy garantiza una aplicación homogénea del régimen de cobertura económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral para todos los empleados públicos de la Administración autonómica.

Asimismo, extiende el grado de protección aplicable en estos casos, al garantizar el abono del 100% de las retribuciones a lo largo de toda la duración de la baja laboral en determinados supuestos.

En concreto, esta mejora se aplicará tanto a supuestos de contenido eminentemente social, como puede ser la baja de víctimas de violencia de género, de víctimas del terrorismo, de empleados públicos con una discapacidad igual o superior al 33 % o de quienes estén en situación de gestación o en período de lactancia; como a los casos en que los que la incapacidad deriva de enfermedades especialmente graves o de carácter infecto-contagioso, de tratamientos oncológicos, de intervenciones quirúrgicas o de hospitalización.

Las mejoras beneficiarán a más de 150.000 empleados públicos, lo que supone la práctica totalidad del personal al servicio de la Administración autonómica: personal funcionario de Administración y Servicios, personal funcionario.

Docente no Universitario, personal estatutario del Servicio de Salud, personal funcionario de la Administración de Justicia y personal laboral.