AEE considera necesaria una Planificación Energética que incluya los objetivos a 2030 y el cumplimiento del Acuerdo de París, con un calendario de subastas a medio-largo plazo.
La eólica se ha adjudicado 1.128MW del total de 5.037 MW que resultaron con derecho a incentivo en la subasta celebrada el miercoles, lo que da continuidad a la actividad del sector de cara a lograr el cumplimiento de los objetivos europeos. El sector confía en que todos los actores implicados -promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etcétera- trabajen mano a mano para que en diciembre de 2019 todos los proyectos adjudicados en las últimas tres subastas estén funcionando, momento en el que se comprobará la eficacia real de las mismas. La Asociación Empresarial Eólica (
AEE) estima que la instalación de estos proyectos supondrá inversiones superiores a los 4.500 millones de euros y la creación de entre 25.000 y 30.000 empleos (directos e indirectos) durante el periodo de instalación.
El resultado de estas subastas muestra que la eólica es, en la actualidad, la tecnología que puede aportar más energía al cumplimiento de los objetivos de 2020 a un menor coste para el sistema. Aún así, el sector cree, más que nunca, que es necesaria una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo, que garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías, dentro del ámbito de un futuro mercado eléctrico que debe permitir la incorporación de tanta potencia renovable sin poner en riesgo las inversiones. Ello implica que se dé visibilidad al sector renovable con un calendario de subastas que, más allá incluso de los objetivos europeos a 2020, tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los Objetivos de la UE a 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada Transición Energética.
AEE insiste en que los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria. Esto pasa necesariamente por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020.
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