El efecto mariposa de las compras públicas
Edward Lorenz meteorólogo y matemático holandés que trabajó en la teoría del caos, si viera la Europa actual quizás tuviera que reformular muchos principios.
Lorenz prestó sus servicios a los EEUU durante la segunda guerra mundial diseñando de un modelo de predicción del clima. Lorenz, en uno de sus múltiples modelos y simulaciones, realizó unas pequeñas variaciones decimales de los datos de partida, y obtuvo como resultado final modelos totalmente diferentes. Es por ello que se le atribuye la frase "el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo".
La comisión europea ha entendido que necesita cambiar el modelo de esta vieja Europa, incidiendo donde la ciudadanía está identificando como puntos débiles: la perdida de la cobertura social, la deficiente armonización del concepto de “estado de bienestar” y el escaso protagonismo de las empresas en el diseño de esta ingeniería social.
La nueva Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, demanda una mayor responsabilidad de la contratación pública por parte de las AAPP, indicando que “la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”.
Lorenz no identificaría la contratación pública exactamente como una mariposa, sino más bien como un Airbus 380. Y es que la contratación pública representa en España, aproximadamente, el 18,5% del PIB nacional, es decir casi 200.000 millones de euros, unas cuarenta veces el presupuesto de la CCAA de Extremadura. Por su impacto en la economía parece lógico pensar que pueda ser una buena herramienta para realizar cambios estructurales que promuevan la sostenibilidad social.
Esta nueva concepción, la contratación pública no se considera como un fin en sí misma, ni un medio para la obtención de prestaciones, obras o servicios en las condiciones económicamente más ventajosas para la administración sino que es, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Es decir, una herramienta clave para integrar a la empresa en un objetivo común de sostenibilidad social, y para proteger el mercado europeo.
Para evitar posibles interpretaciones, la nueva directiva elimina definitivamente las disquisiciones sobre la legalidad de las cláusulas sociales, cualquier oposición técnica o jurídica carece ya de sentido y es imprescindible que las administraciones públicas utilicen sus contratos como uno de los más eficaces instrumentos de lucha contra la exclusión social, de generación de empleo de calidad, el impulso de la eficiencia energética, de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la integración de personas con discapacidad y de preservación del medio ambiente entre otras.
Europa ya lo ha expresado claramente. Ahora, es el turno de las administraciones públicas y, especialmente, de líderes políticos que tengan la inquietud de liderar un proceso de fortalecimiento de la ingeniería social más importante de la historia de la humanidad “el estado de bienestar”.
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