El presidente de la
Federación Profesional del Taxi de Madrid (
FPTM) y de la
Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI),
Julio Sanz, ha recalcado este jueves que las dos sentencias dictadas ayer por el
Tribunal Supremo, y por las que concede un total de
80 autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC´s) a dos empresas para operar en Madrid, confirman que “el Ministerio de Fomento engañó al colectivo y no garantizó la proporcionalidad vigente de 1 VTC por cada 30 taxis tal y como establece la legislación actual”.
Así se ha pronunciado en respuesta a estas sentencias que consienten que las firmas Gran Vía Rent a Car y Jojucar especulen con veinte y sesenta autorizaciones administrativas respectivamente.
Según Julio Sanz, “estas sentencias permiten que, por ejemplo Jojucar obtenga por, 05 euros hasta 40.000 euros en la transmisión de estas autorizaciones; en contra de la actual Ley de Transportes (LOTT)”.
Ante esta situación, el sector del taxi ha anunciado nuevas movilizaciones que comenzarán el próximo 29 de noviembre con una concentración ante el Congreso de los Diputados para exigir medidas legales y coordinadas entre Estado y las Comunidades Autónomas que resuelvan la situación. A la manifestación, convocada por todas las asociaciones representativas del sector en España acudirán taxistas de toda España.
En este sentido, FPTM insiste en la necesidad de que las administraciones locales y autonómicas reclamen al Ministerio de Fomento las competencias en el Transporte Urbano con el fin de que los ayuntamientos tengan competencias de regulación y control de este tipo de autorizaciones, que desarrollan su actividad mayoritariamente en suelo urbano. Y es que actualmente las autorizaciones VTC funcionan con una única autorización estatal con la que pueden prestar servicios urbanos e interurbanos, mientras que los taxis funcionan con licencias urbanas otorgadas por los ayuntamientos que les permiten prestar servicio únicamente en su área de prestación conjunta.
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