Empeoran los plazos de pago de las Administraciones públicas en el último año

El ministerio de Hacienda ha publicado hoy por fin sus datos sobre los periodos medios de pago en los que se liquidan las facturas las Administraciones públicas con sus proveedores. El ministerio ha adoptado una nueva metodología en cumplimiento de la normativa comunitaria, que actualiza el cálculo del periodo medio de pago y se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo.

Con estos datos constatamos que en el último año han empeorado los periodos medios de pago de las Administraciones públicas en todos sus segmentos. Y lo que es aún más grave, todos los segmentos (Administración local, autonómica y central) pagan las facturas a sus proveedores, a mayo de 2018, en más de un mes.

Si en mayo de 2017 la Administración central pagaba sus facturas en casi 38 días, un año después (mayo de 2018) lo hace en casi 47, en decir, más de una semana más tarde. La media de las Administraciones regionales ha pasado de 23 a 33, es decir, de cumplir a la ley a incumplirla, y la local de 58 a 60. (ver cuadros a continuación en foto de portada).

“Se han hecho esperar pero por fin Hacienda ha publicado los datos de periodos medios de pago de las Administraciones públicas y todas superan los 30 días de retraso. La Administración pública no puede ser la primera en incumplir la ley”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Se hace necesario que no se vuelva a la senda de un pasado en el que los autónomos esperaban meses para cobrar un trabajo realizado poniendo en peligro su continuidad. Es urgente poner en marcha el régimen sancionador que castigue a empresas y administraciones morosas. Desde ATA consideramos que se deben establecer los mismos recargos que la Administración cobra al ciudadano cuando éste incumple los plazos que se le exige. La ley debe ser igual para todos, y la Administración ser garante de que la Ley se cumpla y no que sea la primera incumplidora”.