AMETIC alerta de las consecuencias en la inversión, digitalización y competitividad de la Tasa Digital

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del 19 de octubre, el Anteproyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales con el que pretende gravar a grandes empresas con una facturación de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España. Con este impuesto se espera recaudar 1.200 millones de euros.

Esta acción se pone en marcha sin que exista consenso a nivel internacional, ni tampoco en el seno de la propia Unión Europea, donde el debate está abierto. Por tanto, esta acción convierte a España en el primer país en poner en práctica un impuesto de este tipo, situando a las empresas españolas en desventaja competitiva respecto al resto de países.

AMETIC considera, tal y como parece que se ha planteado, que el impuesto rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y genera problemas de doble tributación. Esta situación sitúa en desventaja competitiva a las empresas españolas frente al resto de Europa y del mundo, ya que se trata en la práctica de un impuesto a la exportación. Otras consecuencias negativas serán los menores niveles de digitalización o el aumento del coste del capital. De este forma, se desincentivará la atracción de inversiones y supondrá un freno a la innovación. Todo ello implicará la disminución del crecimiento económico y de la posición digital de España, frente al resto de países europeos.

AMETIC se reafirma en la necesidad de contar con el consenso internacional para adecuar el mercado a la era digital en materia impositiva, especialmente teniendo en cuenta el carácter global del ámbito digital.En este sentido, las soluciones a los retos económicos actuales en el ámbito digital se deben realizar en un debate a nivel internacional sobre cómo desarrollar un sistema impositivo global moderno, justo y eficiente. El consenso entre países garantiza la seguridad jurídica, al ser los propios Estados los que han consensuado un sistema impositivo que grave los beneficios corporativos a nivel internacional de manera sostenible a largo plazo.

De no existir la posibilidad de alcanzar un acuerdo internacional a nivel OCDE, es fundamental contar, al menos, con el consenso en el seno de la Unión Europea, ya que las acciones unilaterales de los Estados miembros son perjudiciales para la integridad del Mercado Único Europeo. La aprobación por parte del Gobierno español de la creación de este impuesto resulta al menos sorprendente, ya que implica romper el consenso de la UE, dejando a España en una situación de excepción. Esto es incluso más inaudito cuando se supone que España se encuentra en un proceso de modernización de su economía y de su Administración Pública, en función de las oportunidades que brinda la transformación digital para el país.