España se enfrenta a sus terceras elecciones generales en cuatro años este 28 de abril. id:44792
La cuestión crucial es si de estos comicios saldrá la mayoría gobernante necesaria para implementar reformas que reduzcan la carga de la deuda pública del país, reformen el mercado laboral y mejoren la productividad. España necesita escapar del actual impasse político para abordar las vulnerabilidades relevantes para su rating.
La ratio deuda/PIB de España, que alcanzó su punto máximo en 2014 en torno al 100%, se mantuvo relativamente estable en torno al 97% en 2018 y se prevé que disminuya sólo modestamente hasta el 92% en 2024, según las últimas previsiones del FMI publicadas recientemente.
Este descenso relativamente modesto, a pesar de las elevadas tasas de crecimiento (2,5% en 2018), se debe a los elevados déficits primarios estructurales del país, en torno al 3% del PIB, uno de los más elevados de la eurozona. Los sucesivos gobiernos en minoría desde 2016 no han abordado esta cuestión.
Quedan por delante dos acontecimientos políticos clave:
- el resultado electoral de abril (con alrededor del 40% del electorado español aún indeciso, y el 15% que no sabe si votará a un partido de derechas o de izquierdas
- si los acontecimientos en Cataluña (dependiendo del resultado del juicio a separatistas) también darán lugar a nuevas elecciones regionales a finales de este año.
Una cooperación política entre el Gobierno central y las autoridades regionales catalanas que cree las condiciones para las reformas económicas y fiscales sería positiva para la deuda, mientras que una extensión de la parálisis política observada en los últimos años -por ejemplo, a través de un parlamento colgado o de una insistencia continuada en la independencia por parte de la dirección catalana- limitaría la calificación en el nivel actual de A-/Estable.
Si (
No(
