La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si el plan de España de conceder ayudas públicas por un importe de 20,7 millones EUR a PSA para invertir en su fábrica de automóviles existente en Vigo (España) se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional. id:47254
La comisaria Margrethe
Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado:
«La inversión pública es importante para fomentar el crecimiento económico de las regiones desfavorecidas en Europa. No obstante, debemos evitar las competiciones perjudiciales entre los Estados miembros. La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la cohesión en la UE».
PSA es un gran grupo del sector del automóvil. Está invirtiendo alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para lanzar nuevos vehículos y en mejoras del proceso productivo en la fábrica existente de Peugeot Citroën Automóviles España en Vigo.
El trabajo en los nuevos procesos y líneas de producción empezó en abril de 2015. En noviembre de 2017, España notificó a la Comisión su intención de conceder ayudas públicas al proyecto por un importe de 20,7 millones de euros.
Las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de 2014 de la Comisión, permiten a los Estados miembros apoyar el desarrollo económico y el empleo en las regiones desfavorecidas de la UE y fomentar la cohesión regional en el mercado único. Para poder ser aprobadas, las medidas deben cumplir determinadas condiciones para garantizar que tengan el efecto positivo previsto. Por ejemplo, las ayudas deben incentivar la inversión privada, limitarse al mínimo necesario y no atraer la inversión de una región igualmente o más desfavorecida de otro Estado miembro («efecto contrario a la cohesión»).
La Comisión duda por el momento de que las ayudas previstas por un importe de 20,7 millones de euros en Vigo se ajusten a todos los criterios de las Directrices sobre ayudas de finalidad regional:
- La Comisión teme que las ayudas públicas españolas puedan haber atraído el proyecto de inversión fuera de una región más desfavorecida económicamente de otro Estado miembro, o que PSA hubiera realizado la inversión en cualquier caso en Vigo, incluso sin las ayudas públicas españolas.
- Con arreglo a las normas aplicables a las ayudas regionales, las inversiones de las grandes empresas en instalaciones de producción existentes no suelen poder acogerse a ayudas regionales, salvo si las inversiones permiten cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se apliquen por primera vez en el sector de que se trate en el Espacio Económico Europeo (EEE). Por el momento, la Comisión duda de que el proceso de producción previsto sea lo suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción.
- La Comisión también abriga dudas sobre la contribución de las ayudas públicas españolas al desarrollo regional y sobre su idoneidad y proporcionalidad.
- Por el momento, la Comisión no puede descartar que las ayudas tengan efectos negativos en la competencia en determinados segmentos del mercado de turismos objeto de la inversión.
La Comisión va a seguir investigando para determinar si se confirman o no estas reservas iniciales. La apertura de una investigación exhaustiva brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de formular observaciones sobre la medida. No prejuzga en modo alguno el resultado de la investigación.
Antecedentes
Hay pruebas de que las grandes empresas toman decisiones de invertir en una región determinada no solo por las ayudas estatales, sino sobre la base de numerosos factores, tales como el coste y la disponibilidad de mano de obra y de suelo, la legislación fiscal, sus operaciones existentes en la región en cuestión y el entorno empresarial. La concesión de ayudas en un contexto en el que una gran empresa habría invertido en cualquier caso solo reduciría sus costes de explotación normales, que sus competidores (locales) tendrían que soportar sin ayuda. Esto provoca distorsiones de la competencia a expensas de los contribuyentes.
Las Directrices de la Comisión de 2014 sobre las ayudas estatales de finalidad regional permiten a los Estados miembros apoyar las inversiones regionales a fin de apoyar el desarrollo económico y el empleo en las regiones menos desarrolladas de la UE y fomentar la cohesión en el mercado único si la medida reúne una serie de condiciones.
- las ayudas deben tener un verdadero «efecto incentivador», es decir, deben incitar realmente al beneficiario a invertir en una región determinada;
- las ayudas deben limitarse al mínimo necesario para atraer la inversión a la región desfavorecida;
- las ayudas no deben tener efectos negativos indebidos, tales como la creación de capacidad en exceso en un mercado en declive;
- las ayudas no deben superar el límite máximo de ayuda regional aplicable a la región de que se trate;
- las ayudas no deben dar lugar directamente al traslado de las actividades existentes o clausuradas desde otro lugar de la UE al establecimiento que las haya recibido, y
- las ayudas no deben desviar las inversiones de otras regiones de la UE que sean igualmente o más desfavorecidas económicamente que la región en la que se efectúe la inversión objeto de dichas ayudas.
La versión no confidencial de la decisión correspondiente se publicará con el número de asunto SA.49579 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio de Competencia, una vez se hayan resuelto los posibles problemas de confidencialidad. La lista de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en internet y en el Diario Oficial figura en las noticias semanales en línea sobre ayudas estatales