Los retrasos en los pagos y los largos plazos de pago generan problemas a las empresas españolas. Las consecuencias se traducen en la pérdida de empleos y también de oportunidades para crecer. Un tercio (33%) de las PYMEs señalan que podrían contratar a más empleados si cobrasen antes, según la reciente encuesta incluida en el Informe Europeo de Pagos que realiza cada año Intrum Justitia. Para este estudio, se ha encuestado a 9.440 compañías en Europa, sobre sus plazos de pago y su situación económica.
Además, un 12% de las grandes empresas españolas señala que podrían contratar a más personas si cobrasen antes sus deudas, lo que supone un potencial de empleo considerable en los sectores con mayores pagos. De hecho, la encuesta de Intrum Justitia revela que más de un millón* de empresas en España contratarían más si los periodos de cobro fueran más cortos.
Juan Carlos González, Director General de Intrum Justitia Ibérica, explica que se trata “de un fallo del mercado que reduce oportunidades de empleo para millones de europeos el hecho de que las grandes corporaciones estén obligando de manera deliverada a las pequeñas y medianas empresas a financiar su flujo de efectivo. Hasta dos de cada tres (66%) PYMEs dice que los retrasos en el cobro limitan su crecimiento. Que las grandes corporaciones usen a proveedores subcontratados mucho más pequeños que ellas para financiar sus propios procesos de gestión de efectivo no es solo un error, sino que genera desequilibrios en la sociedad”.
El informe de Intrum Justitia revela que el 65% de las pequeñas y medianas empresas españolas ha aceptado plazos de pago más largos de los que desearían y un 21% aseguran que la demanda de alargar los plazos provino de una gran multinacional. Casi dos tercios (65%) indican que “los retrasos intencionados en el pago” están entre las principales causas que provocan retrasos en el cobro, lo que sugiere que el problema podría solucionarse en gran parte con nuevas actitudes y directrices.
“Ejercer presión sobre empresas más pequeñas con el objetivo de que acepten plazos de pago más largos, provocando inseguridad y menos oportunidades de empleo no beneficia a largo plazo a ningún líder empresarial”, continúa Juan Carlos González. “Por el contrario, existe un vínculo entre la responsabilidad corporativa de mantener plazos cortos de pago y la reducción del riesgo a largo plazo. Estoy convencido de que las cuestiones relacionadas con condiciones razonables de pago han de tener más peso en la agenda de gestión y ser parte importante de los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas modernas”.
Los retrasos en los pagos y/o plazos de pago muy largos dañan a las empresas de cualquier tamaño, pero las pequeñas y medianas empresas están menos protegidas. De hecho, el 34% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuentan en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito, comprobaciones de crédito, prepagos, servicios de cobro de deudas o protección contra impagos. Además, desciende respecto al año pasado el porcentaje de empresas que toman al menos una de las precauciones anteriormente citadas.
España, junto con Italia, Grecia y Portugal, son los países europeos con plazos de pago “business-to-business” más largos, mientras que es junto con Italia, Portugal y Croacia uno de los países en los que las empresas aseguran que han cobrado más tarde una vez cumplida la fecha de vencimiento de la deuda.
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