Los Técnicos de Hacienda urgen a alcanzar un acuerdo para estrechar el “agujero” en la recaudación tributaria de casi 14.000 millones

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) urgen al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales a que acerquen posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar ingresos públicos y reforzar el Estado de Bienestar, dado que el coronavirus provocará un “agujero” en la recaudación tributaria de 13.874 millones de euros, según las últimas previsiones económicas publicadas el viernes pasado por el Gobierno, de las que se desprende en desplome de la economía del 9,2% y una escalada del déficit público del 10,3%.

En este escenario, los Técnicos aseguran que entre las principales medidas que contribuirían a frenar la sangría en la recaudación destaca la lucha contra el fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión en la lista de morosos a 600.000 euros, incluyendo a los responsables solidarios de esas deudas, y otras medidas de colaboración internacional, con las que podrían recaudarse 828 millones adicionales.

No obstante, Gestha demanda más ambición a la hora de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos y en los esquemas de planificación fiscal abusiva, así como para aumentar la prescripción tributaria de los 4 a los 10 años, equiparándola a la de los delitos agravados contra la Hacienda Pública para que sea posible investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.

En concreto, los técnicos de Hacienda señalan como principales responsables de la evasión a los grupos empresariales que con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años. Además, la carga real del Impuesto de Sociedades en estos 13 años es menos de la mitad de lo que soportan las pymes.

De ahí que Gestha pida a la AEAT que desplace la lupa del control tributario de autónomos y pequeñas empresas que están padeciendo la crisis por el confinamiento hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.

Los técnicos de Hacienda recuerdan que a nivel internacional se observa que el cumplimiento de las obligaciones tributarias disminuye cuando aumentan los impuestos y existe una Administración Tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de esos aumentos impositivos, y que ese cumplimiento aumenta cuando la Administración Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control.

Es por ello que solicitan al Gobierno que mejore el anteproyecto de ley antifraude, incluyendo el aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para evitar que los futuros impuestos sobre las transacciones financieras, sobre determinados servicios digitales y el catálogo de nuevos impuestos medioambientales se diluyan en los desagües de la evasión.

Spend review generalizado

Por otra parte, Gestha considera inaplazable que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) auditen la eficiencia del gasto público previsto en el corto y medio plazo.

Las ventajas del análisis de la eficiencia del gasto se han demostrado con los informes spend review de la Fase II que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) debe concluir antes de octubre, entre otros sobre los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los Incentivos a la Contratación y al Trabajo Autónomo, tan oportunos ahora con la crisis provocada por el brote del COVID-19.

Y es que del gasto público para atender la emergencia sanitaria y las medidas de apoyo a familias y empresas para paliar los efectos económicos de la crisis, no ha hecho más que empezar con los 28.403 millones ya aprobados para atender la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas de apoyo a familias y empresas y los 6.120 millones de las medidas tributarias compensadoras, sin contar con que una parte de los 104.400 millones de las medidas de liquidez podrían convertirse en gasto si se ejecutaran los avales del ICO que se concedan a pymes y autónomos.