La Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES) ha realizado una encuesta a los diferentes operadores jurídicos y económicos que afirman, en más de un 91%, que la tramitación de concursos de microempresas sin la participación de profesionales independientes no agilizará los trámites de los procedimientos. Más del 98% también considera que la ausencia de administrador concursal y entidades especializadas en las liquidaciones concursales no reducirá la carga de trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil. id:76533
La Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES) ha realizado una encuesta a diferentes operadores jurídicos, económicos y agentes de entornos concursales para conocer su opinión sobre aspectos clave del anteproyecto de Ley de reforma concursal, cuyo periodo de alegaciones culminaba el pasado 25 de agosto y actualmente se encuentra en manos del Consejo de Estado para la elaboración del informe.
La idea que subyace en la reforma legal desde la exposición de motivos es la de reducir la saturación de la justicia y agilizar trámites. En este sentido, el anteproyecto prevé que las micropymes (empresas de menos de 10 trabajadores que suponen el 94% del tejido empresarial español) puedan llevar a cabo procesos de restructuración y sistemas de cálculo de pagos online sin la figura de un administrador concursal.
Pero, según el 91,5% de los operadores consultados, la tramitación de concursos de microempresas sin la participación de profesionales independientes no agilizará en ningún caso los trámites de estos procedimientos. Al revés, afirman que hay vacíos legales que van a provocar el efecto contrario del deseado, incrementando la judicialización de muchos procesos.
En este sentido, más del 98% también considera que la ausencia de administrador concursal y entidades especializadas en las liquidaciones concursales no supondrá una reducción de la carga de trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil y alertan, además, de la inseguridad jurídica que supone tanto para las empresas concursadas como para los proveedores afectados el hecho de no contar con el aval de un administrador concursal durante el proceso.
“Es un anteproyecto de ley que tiene por delante un largo recorrido legislativo y aún estamos a tiempo de que suponga realmente una mejora que aporte garantías a las empresas concursadas y a todos los agentes afectados por concursos. Esperamos que la ley no se convierta en un problema añadido a la problemática que ya representa para una empresa entrar en un concurso de acreedores”, afirma Alex Munné, presidente de ANEES y a su vezCOO de IAG Auction.
Un portal público de liquidación de bienes no mejorará las cantidades obtenidas
El anteproyecto de ley de la Reforma concursal prevé la de creación de una plataforma electrónica pública de liquidación de bienes. Una propuesta que más del 80% de los operadores consultados considera que no supondrá una mejora en las cantidades que se obtienen con la venta de los activos de las empresas concursadas. Es más, el 96,2% de los encuestados alertan de que la liquidación que realice el deudor en su propio concurso puede generar fraudes en la venta de sus activos.
Los datos demuestran que las entidades especializadas han sido muy eficaces en la gestión de dichos bienes y la obtención de recursos para reflotar la empresa o proceder a su liquidación de forma ordenada.
Datos del propio Ministerio de la Presidencia ponen de relieve que las subastas extrajudiciales de entidades especializadas superan el 90% de efectividad en las pujas, frente al 61% de las notariales y el 45% de las judiciales. Entre enero de 2020 y enero de 2021, se llevaron a cabo 127.567 subastas judiciales de las que, según datos de la Administración de Justicia, solo el 45% (5.845) recibió pujas, mientras que las subastas de entidades especializadas recibieron ofertas en un 90,7% de ocasiones.
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