Una nueva investigación promovida por el Instituto SWIFT analiza las últimas regulaciones en materia de servicios de pagos, identifica las lagunas y analiza las consecuencias de las recomendaciones para clarificar las nuevas directivas
El Instituto SWIFT anuncia la disponibilidad de un nuevo documento de análisis sobre la regulación de proveedores de servicios de pago terceros (TPP en sus siglas en inglés) –es decir, los proveedores de servicios de pago independientes de la banca–, y el dinero virtual. El documento, titulado ‘La evolución de los proveedores de servicios de pago terceros y criptodivisas bajo las directivas PSD2 y AMLD4 de la UE’ (“
The evolution of third party payment providers and cryptocurrencies under the European Union’s PSD2 and AMLD4”) analiza la normativa vigente y las iniciativas legislativas en curso para incluir a los TPP. También aborda el papel del dinero virtual en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su regulación.
La investigación se centra en la evolución del marco jurídico en la Unión Europea, en concreto, en la última revisión de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y la cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (AMD4), aunque analiza estas cuestiones desde una perspectiva más amplia que incluye Estados Unidos y los mercados asiáticos.
“El sector financiero ha cambiado considerablemente en la última década con la irrupción de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación”, apunta Peter Ware, Director del Instituto SWIFT. “Se están modificando los marcos legales en todo el mundo para que los nuevos actores no financieros se incorporen a la regulación. Sin embargo, hay dos aspectos importantes sobre los que la regulación resulta menos clara, los proveedores de servicios de pago terceros y las monedas virtuales”.
Según la investigación, los TTP permiten a los consumidores realizar pagos online sin necesidad de tarjeta de crédito mediante el establecimiento de una “conexión entre el pagador y el comercio online a través del módulo de banca online del pagador”. No es necesario que el consumidor abra una cuenta directamente con ellos. En su lugar, les basta con recopilar la información sobre las cuentas bancarias de los consumidores y presentar esa información de una manera integrada. Así consiguen reunir una significativa cantidad de información sensible, y abrir la puerta de acceso a las cuentas bancarias de los consumidores utilizando sus identificadores y credenciales únicos.
Las monedas virtuales están siendo utilizadas principalmente en los sistemas de pago que no están basados en los actores financieros tradicionales, como bancos y proveedores de servicios de pago. El ejemplo más notable es el dinero virtual, como el bitcoin, descentralizado y que recurre a la utilización de seudónimos para sus transacciones.
La investigación concluye que, aunque las directivas PSD2 y AMLD4 y el conjunto de marco regulatorio avanzan en la dirección correcta, algunos aspectos siguen siendo poco claros y necesitan una mayor atención. Como conclusión, el informe ofrece recomendaciones tanto para los reguladores como para los actores financieros.
Recomendaciones para los reguladores
- Abordar las diferentes ambigüedades
- Armonizar el marco jurídico de la UE
- Coordinar las iniciativas regulatorias globales
- Evitar el enfoque local, en el ámbito nacional, de las monedas virtuales
- Adoptar una perspectiva racional sobre el dinero virtual
Recomendaciones para los actores financieros
- Mirar más allá de las fuerzas disruptivas
- Necesidad de cumplimiento
- No descartar monedas virtuales al por mayor
- Prestar atención a la ‘cadena de bloques’ (la base tecnológica del bitcoin)
La investigación ha sido realizada por Nathan Van De Velde, Niels Van De Zande y Peggy Valcke, de la universidad belga KU Leuven, y acaba de ser presentado en la conferencia anual de Sibos organizda por SWIFT y celebrada este año en Singapur.
Para descargar una copia del documento www.swiftinstitute.org/papers
La Directiva sobre Servicios de Pago (PSD2), aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de 2015, es la normativa de la UE que mejora la protección al consumidor, promueve la innovación y la mejora de la seguridad de los servicios de pago.
La Cuarta Directiva de Prevención de Blanquo de Capitales (AMLD4), finalmente aprobada en mayo de 2015, es parte de un paquete de medidas destinadas a la prevención del blanqueo de dinero y financiacón del terrorismo mediante el sistema financiero.