El Gobierno paga casi 25 millones de € por errores administrativos y juicios perdidos

▪ 16.844.203,11 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para atender el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2014, condenatoria al pago de los daños y perjuicios causados a la empresa Pfizer, S.A., como consecuencia de la aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales 3499/2009 de 23 de diciembre. Pfizer interpuso recurso contencioso administrativo contra la citada Orden ministerial por la que se determinaron los nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisaron los precios de referencia determinados y revisados por una Orden anterior.

▪ 4.233.179,25 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el abono de intereses de demora en procedimientos expropiatorios de jurados provinciales de expropiación forzosa en ejecución de dos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

▪ 2.940.368,90 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para posibilitar la ejecución de una sentencia firme de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 22 de mayo de 2014. La sentencia es relativa al abono de una subvención prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 a la Asociación de Turismo de Encartaciones-Enkartur, así como los intereses de demora para la creación de un Centro de I+D+i en diseño de mobiliario y moda en la comarca de las Encartaciones (Bizkaia).

▪ 197.979,90 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Fomento para atender el pago de la indemnización fijada en la resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento para atender el pago por responsabilidad patrimonial a la empresa Arquería, S.L. Arquería formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial, ante el Ministerio de Fomento, por los costes derivados del depósito, en sus instalaciones, de 92 embarcaciones decomisadas por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, y puestas a disposición de la Capitanía Marítima de Algeciras-La Línea. Mediante resolución de 10 de octubre de 2013, se reconoció el derecho de la reclamante a percibir una indemnización por los gastos generados por la prolongación en el tiempo del depósito de las embarcaciones.