El alquiler vacacional ha vuelto a demostrar su extraordinaria salud este verano. Con el objetivo de conocer cómo gestionan los usuarios de
www.pisos.com sus apartamentos turísticos, el portal inmobiliario ha realizado una encuesta cuya conclusión más llamativa es que el mayor miedo de los propietarios es que los inquilinos causen destrozos en la vivienda o en las zonas comunes. Este temor ha sido seleccionado en solitario por el 25% de los usuarios, pero en combinación con otros factores, ha alcanzado el 77%. En este sentido, quedarse sin cobrar la renta, una de las preocupaciones que siempre ha dominado en este mercado, apenas ha registrado un 17%, y siempre en combinación con otras inquietudes. De hecho, que se moleste a los vecinos supera a esta opción con un 41% en respuesta múltiple.
La razón de este cambio se debería fundamentalmente al modo en que se gestionan este tipo de alquileres. Así, un 65% de los encuestados afirma comercializar su inmueble a través de un portal inmobiliario o específico de alquiler vacacional. Igualmente, un 10% recurre a los servicios de una agencia o de una empresa especializada. Según Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, “la profesionalización del alquiler ha introducido herramientas que garantizan el cobro de la renta, promoviendo que los propietarios deleguen en dichas compañías con total tranquilidad”. Este hecho es ciertamente notable en el método de pago, puesto que un 53% asegura que el cobro se realiza por adelantado al hacer la reserva y luego es la web que hace de intermediaria la que desbloquea el pago cuando el inquilino toma posesión de la vivienda.
La seguridad del alquiler turístico, ya se gestione personal o profesionalmente, tiene mucho que ver con los requisitos exigidos al inquilino. El 29% pide el DNI o pasaporte, la firma del contrato e inventario y un depósito, fianza y/o señal. No obstante, un 19% declara pedir únicamente el DNI o pasaporte, sin garantías adicionales, lo que es muy preocupante. Igualmente, un 18% solo solicita un depósito, fianza y/o señal. La mejor forma de protegerse sería la combinación de DNI o pasaporte, una nómina o justificación de ingresos, un documento con los últimos movimientos de la cuenta bancaria, la firma del contrato e inventario y la petición de depósito, fianza y/o señal, pero esta selección combinada solo fue escogida por el 13%.
En cuanto a la ubicación de los apartamentos, Málaga (11%), Madrid (9%) y Castellón (6%) son las provincias que concentran la mayor parte. Con un 5% estarían Valencia, Girona, Cádiz, Granada y Barcelona. Así, las provincias del arco mediterráneo son las que acumulan mayor número de viviendas turísticas. Por otro lado, el 90% de la muestra declara que el alquiler del inmueble se realiza al completo, mientras que tan solo un 5% se decanta por ofrecerlo por habitaciones y el 5% restante acepta ambas opciones.
La permanencia exigida por los propietarios es de dos o tres días como mínimo en el 39% de los casos, seguida por la semana completa (26%). Un 17% asegura no poner como condición una permanencia mínima. Respecto al mantenimiento, un 31% declara gastar entre 1.000 y 2.000 euros anuales en el acondicionamiento de su propiedad, el 21% destina entre 500 y 1.000 euros anuales y un 19%, entre 2.000 y 3.000.
Por otro lado, el 83% no considera que los apartamentos turísticos supongan una amenaza para los alojamientos tradicionales porque, en líneas generales, piensan que los clientes que van a hoteles no responden al mismo perfil que los que alquilan un apartamento. Esta opción se impone claramente a aquellos que consideran que ambos mercados pelean por el mismo tipo de cliente (8%) y a los que este debate les resulta indiferente (9%).
Respecto a la regulación del alquiler vacacional, las posturas están bastante igualadas. Un 46% considera que es una buena noticia para evitar malas prácticas, afirmando que la iniciativa tiene el fin de proteger a los propietarios. Por el contrario, el 41% piensa que es una medida puramente recaudatoria y que, con la excusa de que este mercado debe aflorar de la economía sumergida, el Gobierno lanza nuevos impuestos y sanciones.
En este sentido, un 53% asegura que su vivienda turística está registrada y cuenta con la licencia pertinente porque en su región es obligatorio y de este modo se evitan posibles sanciones. Un 36% manifiesta no cumplir con estos requisitos porque en su correspondiente autonomía aún no existe obligación, pero comenta que, una vez entre en vigor, sí que lo hará. Un 7% no cumple con la obligación vigente en su comunidad a sabiendas de que se expone a una inspección, mientras que el 4% restante no cumple porque no es obligatorio y, además, seguirá sin hacerlo cuando se apruebe la normativa pertinente. Por último, un 88% asegura declarar los ingresos por alquiler turístico a Hacienda frente a un 12% que no lo hace.
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