La Asociación ratifica su compromiso con el medioambiente y recuerda los esfuerzos de la industria en la reducción del uso de este tipo de fluidos que, en todo caso, solo representan, en la actualidad, menos del 2 por ciento del total de emisiones de gases dañinos para el medioambiente.
El histórico acuerdo de Kigali supone un gran avance a nivel mundial al contemplar, entre otras medidas, un calendario asumible y ayudas económicas para que los países en vías de desarrollo tomen medidas de reducción en el uso de HFCs. “En Europa, estamos haciendo los deberes desde la aprobación de la revisión del Reglamento F-Gas en abril de 2014, que obliga a una reducción drástica de casi el 80 por ciento de las emisiones debidas a este tipo de refrigerantes, y lleva aparejado un calendario razonable de adopción de medidas”, recuerda Roberto Solsona, Presidente de AEFYT.
La investigación para la búsqueda de gases alternativos y no dañinos y con bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) es una constante en la industria de la refrigeración durante los últimos años. Además de los sistemas basados en CO2 y amoniaco, cada vez más utilizados sobre todo en la refrigeración industrial; los avances en cuanto a nuevas mezclas y gases refrigerantes se encuentran en un punto álgido. Sin embargo, AEFYT advierte de que, aunque ya existen sustitutos seguros y eficientes, todavía la financiación es un problema para la adaptación de muchas instalaciones existentes.
AEFYT demanda, así mismo, la intensificación del control de tráfico ilegal de refrigerantes. Según informes internos de AEFYT, la falta de control de entradas ilícitas con el propósito de evitar el pago del impuesto español sobre GEI (Gases de Efecto Invernadero) ha provocado un mercado negro que ha provocado una caída de las ventas estimada en un 40% en España, incluyéndose entre ellos gases de alto PCA que podrían impedir el logro de los objetivos medioambientales de la F-Gas. Por otro lado, también demanda el control de uso de cuotas de CO2, según la F-Gas, para igualmente evitar que uso de cuota no certificado conlleve el no alcanzar las metas de reducción de emisiones de CO2 fijadas por dicho reglamento.