En la última jornada del 6º AuditMeeting –la mayor concentración de auditores de nuestro país, en la que más de 600 auditores pertenecientes a la Corporación de Auditores REA+REGA del Consejo General de Economistas analizaron ayer y hoy el impacto que puede provocar la nueva Ley de Auditoría de Cuentas–, el presidente del REA+REGA, Carlos Puig de Travy, ha advertido que “las grandes compañías no quieren la coauditoría como solución a una mayor transparencia, y la propia Ley de Auditoría propicia que éstas retengan a los auditores que llevan más tiempo auditándoles y se sientan confortables”.
Son muchos los beneficios que pueden aportar la auditoría conjunta, entre los que se destaca que refuerza la independencia del auditor, reduciendo por consiguiente el riesgo de familiaridad y potencia la calidad de la auditoría proporcionando mayores capacidades, ya que la unión hace la fuerza. Potenciar las auditorías conjuntas lo contempla la misma reforma europea, proporcionando claros incentivos para que las entidades de interés público, adoptando este tipo de contratación, puedan disponer de un periodo de rotación superior. Produce extrañeza que nuestras empresas cotizadas no se decanten por este tipo de contratación cuando en países de nuestro entorno como Francia y Reino Unido sí lo hacen. La auditoría conjunta es uno de los mecanismos más efectivos para luchar contra la actual concentración del sector de auditoría y proporcionar así un mercado mucho más diversificado, con los beneficios que ello comporta. En España siete compañías concentran el 68% de la facturación total del sector, aunque verdaderamente son cuatro las que alcanzan un alto grado de penetración en el mercado.
Respecto a la regulación del sector, Carlos Puig de Travy indica que si bien, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en la propia legislación nacional, hay una apuesta totalmente clara a favor de la defensa de la libre competencia como elemento determinante para obtener una mayor calidad y transparencia de las cuentas anuales de las entidades, nos encontramos con la existencia de prácticas crecientes que limitan e impiden el acceso libre a la contratación de los servicios de auditoría.
En el Sector Público, se establecen barreras de acceso a la libre contratación, incluyendo condiciones restrictivas, como la exigencia de unas cifras elevadas de capital social o, directamente, una cifra extraordinariamente elevada de negocio de la sociedad de auditoría, así como una experiencia dilatada en la realización de auditorías en empresas o entidades similares, que, combinadas, impiden la libre concurrencia a las licitaciones de la práctica totalidad de empresas del sector, salvo unas pocas.
En el Sector Privado, se utilizan mecanismos más directos como, por ejemplo, que el principal cliente imponga un auditor que la empresa auditada debe aceptar de manera forzada o, en acuerdos de refinanciación que se suscriben entre los bancos financiadores y la empresa financiada, introduciendo cláusulas en las que se establece que el auditor será una o varias firmas concretas. Todas estas prácticas, en ocasiones poco éticas o en contra de la libre competencia, según Carlos Puig de Travy, serán puestas en conocimiento del Órgano Supervisor y de las Instancias pertinentes al objeto de que se defienda la transparencia, la libre competencia y el cumplimiento de la legalidad.
En esta misma línea, una de las conclusiones que más consenso ha tenido en estas Jornadas de Auditoría ha sido que “la ley fracasa con el objetivo de desconcentrar el sector”. Si bien la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas ha introducido algunas mejoras con respecto a la transparencia de las empresas, no ha servido, sin embargo, para paliar la concentración excesiva del sector de la auditoría en nuestro país y para potenciar a las firmas españolas para que sean competitivas a nivel internacional, firmas que, en algunos casos, forman parte de redes internacionales y pueden brindar los mismos servicios que las llamadas “Big Four” sin menoscabo alguno en la seguridad o calidad ofrecida.
Finalmente, Carlos Puig de Travy ha defendido el alto nivel de calidad del sector de auditoría en España, donde los auditores han de cumplir con un riguroso nivel de exigencia profesional que se verifica por la Administración Pública –ICAC– periódicamente, y que, además, están sometidos a un régimen sancionador extraordinariamente elevado. “Por ello, las posturas discriminatorias de algunos agentes económicos –incluidas las mismas empresas auditadas que, sin conocimiento de causa, infravaloran a la mayoría de auditores– deben ser destronadas”, ha señalado Puig de Travy.