“Estimamos que en España hay unas 20.000 familias ecuatorianas que enfrentan problemas con su hipoteca. Nuestro servicio jurídico asiste a cerca de 14.000 de esas familias y de aquellas más de 3.000 ya consiguieron resolver el problema”. Así se ha referido el Embajador a un servicio que cuenta con una treintena de abogados españoles que coordina la Embajada y que asesora a un promedio de 120 familias diarias, ayudándoles a conseguir diferentes soluciones: “quitas, carencias, restructuraciones, condonaciones de deuda, daciones en pago o desactivando desahucios”, resumió el Embajador.
Calahorrano aseguró que la protección de los derechos de su comunidad, que Ecuador realiza en España, está legitimada por la Constitución ecuatoriana de 2008, que reconoce los derechos de la comunidad migrante y la obligación del Estado de asesorarles y brindarles asistencia para la defensa de sus derechos, así como por las Convenciones de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963 respectivamente que permite a los Estados defender los intereses de sus nacionales en el país donde están acreditados..
El diplomático también ha señalado que la protección de sus ciudadanos en materia hipotecaria no sólo se limita a la asesoría, sino que también incluye un cuerpo legal “que impide que las deudas hipotecarias adquiridas en el extranjero se cobren en el Ecuador con bienes que tengan allí nuestros ciudadanos”. En ese sentido se ha referido a la Resolución de la Junta Bancaria y la Ley Orgánica para la regulación de los créditos para vivienda y vehículos, emitida por la Asamblea Nacional en 2012.
En el acto también ha estado presente el director de ISDE, Jorge Pinto, quien ha felicitado la labor de Ecuador como país pionero en la defensa de los derechos de su comunidad en el exterior y la directora y el coordinador del Máster en Derecho Internacional, Diplomático y Consular del ISDE, Cynthia Favero y Gustavo Kolschinske, respectivamente.