Ignacio Ochoa, Director de la agencia Ochoa Detectives, revela que “la verificación de las bajas fingidas suele requerir un trabajo de entre 3 y 5 días como mínimo, y, dependiendo de los resultados de esta primera fase, se suele ampliar el servicio 5 o 10 días más”. De esta manera, si en la primera parte del trabajo se comprueba que el trabajador se encuentra de baja de manera justificada, se suspende la investigación al entender que los motivos que originan el periodo de baja son reales. Aunque estos casos, lamenta Ochoa, “son la menor parte”.
Lo habitual es que se produzca el caso contrario, cuando se observa que el trabajador no padece las dolencias que dan lugar a la baja laboral. Además, en muchas ocasiones el investigado va más allá y no sólo no tiene ningún problema médico, sino que además está trabajando en otra empresa o por cuenta propia durante este periodo.
Una vez descubierto este fraude, se amplía el servicio para poder acreditar de manera suficiente y sin ningún género de duda ante los juzgados la falsedad de la baja y la actividad ilegal del trabajador. “Es preciso recordar que un trabajador durante el periodo de baja debe, en primer lugar, colaborar por todos los medios posibles en su rápida recuperación, es decir, cumplir con las indicaciones médicas: reposo, rehabilitación, medicación…”, declara Ochoa.
“En segundo lugar”, continúa, “es importante tener presente que tampoco puede desarrollarse actividad laboral en ese periodo de tiempo, y que en caso de que esto ocurra, lo habitual es que los ingresos que esté percibiendo sean sin declarar”. Esta situación implica que, además de engañar a la empresa en la que está contratado y en situación de baja laboral, está defraudando a la Seguridad Social y, al percibir ingresos que no declara y por los que no tributa, también a Hacienda.
El proceso que se suele seguir cuando la investigación ha obtenido un resultado positivo y se han confirmado las sospechas del fraude del trabajador en situación de baja laboral, es que la empresa entrega la carta de despido procedente al empleado. Ante esta situación, el despedido tiene dos opciones: aceptarlo o acudir a los tribunales mostrando su desacuerdo.
La segunda opción, vuelve a lamentar Ochoa, “suele ser la más habitual”. Ante esta situación, son los tribunales los encargados de corroborar la procedencia o no del despido. Uno de los puntos fundamentales sobre los que las empresas suelen apoyar su alegato es en el informe de la agencia.
Por ello, Ochoa recuerda la importancia de “contar con una agencia seria y con experiencia en el campo, que lleve la investigación de manera impecable desde el punto de partida. Un servicio desarrollado de manera poco profesional, por detectives sin experiencia o por personal sin acreditación de la Dirección General de la Policía, es muy probable que sea muy sencillo de desacreditar o demostrar la invalidez de las pruebas presentadas por la parte contraria. Muchas veces, el cliente se deja convencer por un detective que ha basado su estrategia de ventas de sus servicios en argumentos como el precio económico de sus servicios o la corta duración de la investigación”.