En un entorno de tasas de interés muy bajas o negativas y de reducción de costes transaccionales gracias a las nuevas tecnologías implementadas en la banca, los elevados tipos de interés de algunos productos bancarios y comisiones excesivas por transacciones u operativas que no tienen coste per sé para un banco, la reacción popular a proteger al consumidor parece lo normal.
No obstante, el riesgo de imponer normativas que van en contra de los racionales básicos de un crédito puede poner en riesgo todo el sistema. Las normas bancarias han de ser claras para todos los jugadores, cumpliendo ambas partes con lo pactado. Sin embargo, y por poner un ejemplo que nos será familiar a todos, en España es frecuente ver noticias en prensa y otros medios con un tono de denuncia a la banca, por prácticas que, según como se cuentan parecen abusivas. Sin embargo, los medios no denuncian las pérdidas que tienen que afrontar las entidades bancarias cuando un prestatario por causas, que por triste que resulten, son ajenas al prestamista, deja de cumplir con sus obligaciones de pagar y el banco termina teniendo que ejecutar una hipoteca a un cliente, con los consiguientes efectos para una entidad cuyo fin no es poseer inmuebles sino algo bien distinto. Esto es un claro ejemplo de populismo al denunciar únicamente a la parte que puede ser fácilmente definida como la “parte débil”.
Otro tipo de populismo, radica en la imposición de normativas que aprietan los márgenes de los bancos poniendo en jaque la rentabilidad de productos financieros básicos, que la mayoría de las personas utilizan y, por tanto. valoran como usuarios. Un claro ejemplo, aunque más remoto, es el mercado de tarjetas de crédito en Filipinas. En este país, de más de 100 millones de habitantes, el acceso al crédito es muy restrictivo. Solo una pequeñísima parte de la población tiene como único medio de financiación la tarjeta de crédito. Las tasas anuales están en torno al 36%, lo que resulta alto comparativamente con España, donde están en torno a un 22% anual, pero no si lo comparamos con muchos, si no todos, los países de América Latina donde es frecuente ver tasas anuales que frecuentemente superan el 50%, llegando a menudo al 100%. En este país, donde tener una tarjeta de crédito es visto casi como un logro por haber alcanzado un status, una reciente Ley sobre la tarjeta de crédito, acompañada de una populista interpretación de la norma por el regulador, ha estado a punto de lograr que los bancos dejaran de dar tarjetas de crédito.
El regulador bancario, encargado de definir la aplicación de las leyes, realizó una primera interpretación de la reciente normativa sobre tarjetas de crédito, que implicaba que los bancos perdieran un 86% de los ingresos por intereses de las tarjetas de crédito. Si esta interpretación, que finalmente ha sido corregida, hubiera seguido adelante ¿qué efectos hubiera tenido en los tarjeta-habientes? Obviamente, esto nadie lo sabe a ciencia cierta pero, los que nos vienen a la cabeza, no son ninguno positivo El primero y más drástico, la tarjeta de crédito como instrumento de financiación hubiera desaparecido. En caso de no ser así, la única alternativa para mantener la viabilidad de este producto hubiera sido el incremento en precios, tasas y comisiones, por cualquier servicio inherente a la tarjeta y apreciado por el cliente final.
Estas son solo algunas consecuencias de cómo medidas o soluciones populistas, tan de moda ahora, pueden tener un efecto “boomerang” y volverse contrarias al fin buscado. Por supuesto, que la regulación es necesaria, pero siempre que no tenga por fin único, tratar de proteger a una parte supuestamente débil, que, en la mayoría de los casos, está conforme con la situación existente antes de la norma.
----------------
Maria Luisa Aguirre es Managing Director en UPITE Consulting, empresa líder en el sector de Revenue Enhancement. Maria Luisa ha dirigido con éxito, multitud de proyectos con éxito, en Consultoría Financiera en distintos países de América Latina, Asia, así como en España, de donde es y reside.