Las empresas y los intermediarios tecnológicos tienen que garantizar la idoneidad, realidad y seguridad de sus servicios en línea. Recientes escándalos han ilustrado la poca seriedad con la cual actores, a veces muy importantes, de este mercado se tomaban el asunto. Esta indefensión y supuesto vacío jurídico desanima los usuarios consumidores y constituye un freno importante al crecimiento de todas las potencialidades de este nuevo escenario.
Por ello deben las autoridades públicas desarrollar y hacer aplicar una normativa exigente y protectora, a la vez que fomentan esta digitalización como fuente de crecimiento y eficiencia. La digitalización constituye una verdadera oportunidad para el empoderamiento de los consumidores, haciéndole co-responsable de la evolución del mercado, pero no podemos aceptar que se haga a coste de sus derechos.
Asimismo, es necesario que el Gobierno asigne recursos para paliar la brecha digital que sufren aún muchos colectivos vulnerables en nuestro país, extendiendo y facilitando el acceso y el uso provechoso de la red, fomentando una oferta diversificada, segura e inclusiva. Sobran las iniciativas, tanto públicas como privadas, pero deben coordinarse para incluir a todos en esta llamada revolución digital.
Por último, la protección de los menores debe ser máxima en la red y en el uso de las nuevas tecnologías para que puedan utilizarlas sin correr riesgos y protegiendo su intimidad. Recordamos que todos somos la solución frente al ciberacoso, como lo explicamos en castellano en un vídeo y una APP para Smartphone en el marco del proyecto #DeleteCyberbullying que realizamos con 7 otras asociaciones europeas de la Confederación de Asociaciones Familiares de la Unión Europea, COFACE.