Para EC este presupuesto tiene como único fin seguir con el proceso de secesión unilateral de Catalunya y no la generación de empleo o la política social, como debería ser el objetivo del mismo.
Asimismo, EC cree que dicho presupuesto es un acto de anticatalanidad llevado a cabo, de forma paradójica, por el propio gobierno catalán, dado que al aprobar un presupuesto sin hacer caso al dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, se está llevando a cabo un desprecio desde el Parlament y el gobierno catalán a una institución catalana como es dicho Consejo.
José Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, lamenta que “el presupuesto no podrá ejecutarse dado que será recurrido y con toda probabilidad anulado al contener una partida anticonstitucional destinada a financiar un referéndum ilegal de secesión de Catalunya del resto de España”.
Para Bou, “la aprobación de este presupuesto es una concesión al grupo más radical y minoritario de la Cámara, la CUP, y supone anteponer intereses políticos, por cierto minoritarios, frente al interés común de disponer de una herramienta para la gestión de políticas activas de creación de empleo y de atención social.”
El Presidente de EC considera que “los datos de caída de la inversión extranjera en Catalunya y la necesidad de introducir reformas para hacer de la administración no un lastre sino un ente útil para los sociedad, debería ser la prioridad del gobierno catalán”.