La asociación indica que el hecho de que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad no le haya dado difusión es una nueva muestra del sometimiento del Gobierno a los intereses del sector del automóvil. Dicho informe tan sólo analiza 17 de los 30 modelos de vehículos homologados en España y concluye que los vehículos Seat analizados "no dan muestra de disponer del dispositivo de desactivación prohibido", pese a que la empresa confirmó que dichos modelos sí llevan el software que permite pasar los controles de emisiones en laboratorio pero permite multiplicarlas en condiciones reales de conducción.
La conclusión del estudio de Industria es una evidencia más de su falta de voluntad de proteger a los consumidores, valora FACUA. El estudio ni siquiera especifica si los vehículos que se han utilizado para las pruebas de la marca Seat han sido ya sometidos a revisión para desinstalar el dispositivo que manipula las emisiones.
La asociación lamenta, asimismo, que dicho informe no sea público y pueda ser consultado por la ciudadanía, pese a que sus conclusiones son de interés general. FACUA ha tenido conocimiento de la existencia de dicho informe a través de la información publicada este miércoles por el diario El País, que sólo ha podido acceder a él gracias a que la organización británica Transport and Environment ha logrado una copia a través del Portal de Transparencia.
La principal conclusión del estudio, que los vehículos diésel superan los límites legales permitidos por la legislación europea en relación a las emisiones de dióxidos de nitrógeno (NOx), es en realidad una información que ya se conocía, dado que los únicos controles que se llevan a cabo se realizan en laboratorios, previamente a la puesta en circulación de los vehículos, y en unas condiciones óptimas para que los automóviles puedan superar las pruebas.
Lo llamativo del informe, considera FACUA, es el hecho de que Industria no haya investigado más a fondo si además de Volkswagen hay otros fabricantes de vehículos que utilicen dispositivos ilegales para manipular las emisiones en condiciones de conducción real y poder así saltarse la normativa. El estudio del Ministerio incluye diferentes modelos de las marcas Seat, Ford, Nissan, Volvo y Ssanyong, todos homologados en España.
Los únicos modelos que, de acuerdo al estudio de Industria, ofrecen resultados anómalos en las mediciones de emisiones y por tanto podrían tener instalados dispositivos que las manipulen, son Nissan Juke/Qashqai 1.5 y Ssanyong Tívoli 1.6. A pesar de esto, Industria da por buena la respuesta de las marcas: "en determinados rangos de temperatura ambiente, el sistema de recirculación de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir daños en el motor y que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción"”. Esto significa que, en determinadas condiciones, el vehículo tiene un sistema que puede alterar las emisiones. Sin embargo, Industria acepta el caso como aceptable y deja ahí la investigación, sin comprobar por sí mismos la existencia o no de estos dispositivos.
La actitud del Gobierno español contrasta con la de otros países, como Francia o EEUU. En el caso de Francia, a raíz del caso Volkswagen, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y el Control de Fraudes ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los vehículos homologados en este país y ya ha elevado a Fiscalía los resultados de Volkswagen, Renault, Grupo PSA y Fiat, este último caso conocido este mismo miércoles.
Mientras, en EE UU Volkswagen se ha visto obligado a declararse culpable ante los tribunales y pactar con el Gobierno una multa de 4.300 millones de dólares, además de ser forzado a recomprar o indemnizar a los propietarios de vehículos afectados y ver a varios de sus ejecutivos enfrentando procesos penales por su responsabilidad en la instalación de los dispositivos manipuladores de emisiones. Asimismo, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés), acusó el pasado mes de enero a Fiat Chrysler de utilizar un dispositivo similar al de Volkswagen en algunos de sus vehículos diésel (concretamente, el Dodge Ram 1500 y Jeep Grand Cherokee, fabricados entre 2014 y 2016).
Expediente de la Comisión Europea
FACUA recuerda que la Comisión Europea abrió el pasado mes de diciembre un procedimiento de infracción contra España y otros seis Estados de la Unión por no haber sancionado a la multinacional alemana. Como parte de dicho procedimiento, el Ejecutivo europeo pidió al Gobierno español el estudio de las emisiones que se ha conocido este miércoles. Fuentes de la Comisión han indicado al diario El País que no están satisfechos con el dossier remitido y añaden que "la Comisión espera un informe final y espera recibirlo pronto". La situación puede dar lugar a un segundo expediente, dada la falta de colaboración del Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy.
La asociación considera escandaloso que en lugar de levantar la voz contra las gravísimas irregularidades cometidas y exigir a la empresa el pago de indemnizaciones a los afectados, el Ministerio de Industria haya mantenido desde que se conoció el fraude, en septiembre de 2015, una postura servil. Además, a lo largo del más de un año y medio transcurrido, ha mantenido una escandalosa opacidad y se ha negado a abrir ningún tipo de interlocución con FACUA, que representa a casi 50.000 afectados. Alrededor de 6.700 se han unido, además, al procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional en el que se ha personado FACUA en representación de sus socios. Los propietarios que quieran unirse pueden hacerlo a través de la web FACUA.org/QuerellaVW.
Medidas ineficaces contra la contaminación
FACUA recuerda que, a la vista de los resultados del estudio llevado a cabo por Industria, todas las medidas actuales que se ponen en práctica para paliar la contaminación de las ciudades se convierten en papel mojado. Estas medidas toman como referencia índices de emisiones que son falsos, porque sólo se dan en condiciones de laboratorio, mientras que se multiplican hasta por doce veces en una situación de conducción real. Dada la legislación actual y la antigüedad de los automóviles diésel españoles, todas las medidas que no impliquen retirar los vehículos de la circulación no pueden ser efectivas, a la luz de los resultados del estudio de Industria.