El premio, que está dotado con 2.000 euros y la difusión del trabajo, tiene como objetivo estimular la reflexión académica y la investigación científica sobre un asunto central de la sociedad en la actualidad: el de cómo conjugar las exigencias de privacidad, con la lógica de la sociedad de la información en un contexto de crecientes posibilidades tecnológicas.El jurado ha valorado del trabajo de Villarino la profundidad en el análisis de los particulares retos que plantea la especial tecnología de la computación en la nube al derecho fundamental a la protección de datos.
El galardonado ha manifestado al recoger el premio su voluntad de que“este trabajo contribuya al debate sobre la privacidad en el seno de un tipo de tecnología que no sólo tiene una sustantividad en si misma, sino que sirve de soporte para algunas de las realidades tecnológicas que hoy día se encuentran en pleno debate, caso del big data, la inteligencia artificial o el internet de las cosas”.
Jorge Villarino es doctor en Derecho por la Universidad AbatOliba-CEU y letrado de las Cortes Generales (en excedencia). Ha trabajado durante más de una década en el Parlamento español ocupando diversos puestos directivos y con proyección internacional. Experto en asuntos legislativos y análisis político, así como en diversos ámbitos del Derecho Público como el parlamentario, el electoral, las TIC en general o diversos sectores regulados. Además, es autor de más de 20 artículos de derecho parlamentario, administrativo y derecho de internet.
“La privacidad en el entorno del cloudcomputing”
La computación en la nube es una tecnología caracterizada por la ubicuidad, la elasticidad, el dinamismo, la virtualización, la escalabilidad y el pago bajo demanda. Estas notas plantean retos particulares al derecho fundamental a la protección de datos.
A través de su trabajo, Villarino defiende un régimen jurídico marcado por una leal colaboración en el plano internacional, una construcción normativa primaria de tendencia principialista, una adecuada supervisión por parte de las autoridades públicas y mecanismos de autorregulación por parte de la industria.
Afirma que este sistema normativo, perfectamente encajable en el régimen jurídico actual (e incluso potenciado en el Reglamento General de Protección de Datos a través de los códigos de conducta, los mecanismos de certificación y los diferentes modelos de clausulado, incluso específicos para la nube), permite satisfacer la flexibilidad que exige este tipo de computación, combinándola –en un sano equilibrio– con la seguridad jurídica que demandan los clientes de la misma y, en último lugar, con la salvaguarda del derecho a la protección de datos de los ciudadanos.