Estas declaraciones las ha realizado como presidente del grupo de utilities del Foro Económico Mundial, que ha presentado el informe El futuro de la electricidad, con motivo de la celebración de la reunión anual del Foro, en la localidad suiza de Davos. En este informe se plantea la hoja de ruta necesaria en el ámbito de la generación de electricidad hasta el año 2040. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las inversiones necesarias en electricidad en los países que no son miembros de la OCDE deberán duplicarse en el período, hasta alcanzar los 13 billones de dólares. Así, el gasto superará a los países de la OCDE en un factor de 2 a 1.
“Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2014, los países no pertenecientes a la OCDE realizaron inversiones a un ritmo similar al de los países de la OCDE, del orden de 240.000 millones de dólares anuales. Pero dada la cantidad de infraestructuras eléctricas que es necesario construir en los países de rápido crecimiento para responder a la creciente demanda, los países emergentes no sólo tendrán que duplicar sus inversiones sino garantizar también que los fondos se utilizan para desarrollar por igual todos los elementos de la cadena de valor, de modo que ninguno se quede marginado o sin desarrollar”, ha explicado Roberto Bocca, director de sector energético del Foro Económico Mundial.
En este escenario, el informe El futuro de la electricidad ofrece soluciones que permitan atraer las inversiones necesarias para dar respuesta a la evolución de la demanda de electricidad en las próximas décadas. Así, las mejores prácticas para conseguirlo se estructuran en ocho recomendaciones divididas en tres apartados:
1. Responsables políticos
Perseguir las medidas más eficientes para alcanzar los objetivos de política energética: desarrollar programas a largo plazo que proporcionen equilibrio entre la generación renovable y convencional, centralizada y distribuida, manteniéndose lo más neutral posible desde el punto de vista de las tecnologías.
Implementar políticas integrales que permitan desarrollar de forma equilibrada toda la cadena de valor: es necesario que las políticas se integren en toda la cadena de valor del sector eléctrico, de forma que el suministro de combustible así como los activos de generación, transmisión y distribución se desarrollen en paralelo.
Tener en cuenta la curva decreciente de costes tecnológicos: aprovechar los costes decrecientes de las tecnologías y evitar las prisas por promover tecnologías únicas que previsiblemente continuarán siendo caras debido a la falta de escala.
2. Organismos reguladores:
Posibilitar la igualdad de condiciones entre las tecnologías, reflejando adecuadamente la reducción de emisiones y la seguridad de suministro: estructurar los mercados energéticos de forma que se reconozca íntegramente el valor y los costes tecnológicos, incluyendo el precio del carbono.
Permitir la viabilidad técnica y financiera de las operaciones en toda la cadena de valor manteniéndolas libres de obstáculos financieros: los reguladores deberán trabajar con los proveedores para reducir las pérdidas de suministro no medidas y no autorizadas y asegurar que las tarifas subvencionadas cuentan con financiación en su totalidad.
3. Empresas e inversores:
Crear sociedades público-privadas para atraer capital privado: la normativa sobre alianzas público-privadas deberá ser transparente e independiente con el fin de disipar las dudas de los inversores a la hora de comprometer su capital a largo plazo.
Propiciar un entorno favorable a las inversiones: aplicar medidas para reducir riesgos y disminuir el coste del capital, asignando los riesgos residuales a los participantes del mercado más adecuados.
Invertir activamente en educación e I+D para eliminar las diferencias de conocimiento y capital humano: el sector público y el privado deben trabajar para promover el desarrollo de universidades e institutos de investigación que generen el talento que innovará, desarrollará y gestionará el sector energético en las próximas décadas.
El informe El futuro de la electricidad es una continuación de la iniciativa del Foro Económico Mundial sobre la materia que fue presentada en su reunión anual de 2014 con el objetivo de ofrecer a gobiernos, empresas y comunidades una plataforma para el diálogo y el aprendizaje sobre la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.