Este trámite legislativo, iniciado en el Congreso, deberá pasar por el Senado estadounidense y, después, será firmado o vetado por el presidente Trump. Es similar a otra iniciativa ya intentada en 2016 y que no llegó a ser aprobada.
En su intento de dar clases de democracia a los demás países, sobre todo si son pequeños y no muy relevantes para su comercio, la NICA-ACT forma parte de una serie de pintorescas incitativas legislativas para influir en la política interna de otras naciones.
Entre estas iniciativas se encuentra una que exige a la Unión Europea a incluir a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Y otra que da instrucciones a los partidos políticos de Kenia y al propio gobierno del país africano sobre cómo organizar sus próximas elecciones.
La Secretaría General de la OEA ya mostró en abril de este año su “su preocupación ante la reactivación del proceso legislativo en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como Nica Act”.
“Desde esta Secretaría General se invita a los legisladores patrocinantes del proyecto a reconsiderar los aspectos necesarios que permitan al Gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”, insiste la OEA
La reacción de Nicaragua
En un comunicado de prensa el gobierno de Nicaragua manifestó: “Rechazamos y condenamos la NICA-ACT como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua.”
“Nuestro País continuará desarrollando sus Políticas y Propuestas de Unidad Nacional, de acuerdo a nuestros Compromisos Constitucionales, y a nuestras Realidades.”
“En un Año de Procesos Electorales Municipales, continuamos creando las condiciones óptimas para que las Familias nicaragüenses expresen su Voluntad, y elijan sus Gobiernos Locales en Armonía Social, y en garantía de esta Paz que tod@s procuramos, con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano.”
El comunicado también anuncia que “el Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”.
La indemnización fue estimada en su día en 17.000 Mn de dólares, pero la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro, a principios de los años `90, renunció a su cobro.