Para Josep Bou, presidente de EC, "el objetivo indisimulado de la Agencia Tributaria Catalana, más allá de confiscar recursos ajenos, es el de minar la autoridad del Estado, generar confusión en pymes y autónomos y crear un ambiente social favorable a los intereses separatistas".
EC cree que si las leyes de Hacienda y Seguridad Social que Junts pel Sí y la CUP llevarán al Parlament entraran en vigor se generaría un caos administrativo en las empresas que pasarían a recibir dobles notificaciones de pago de retenciones e impuestos.
Además, para EC son especialmente graves los conflictos que esta ley y la ATC provocarían entre empresas sobre a quién realizar liquidaciones o conflictos entre las empresa y sus propios trabajadores que tendrían como resultado una paralización de la vida cotidiana de las compañías catalanas de efectos graves en la economía, no solo catalana sino del conjunto de España.