El transporte público tributa actualmente al IVA reducido (10%), al igual que el ocio por ejemplo, ya sea la hostelería o espectáculos deportivos. Una equiparación injustificada, ya que el transporte público garantiza la movilidad universal (independientemente de edad, salud física, niveles de renta, etc.) y, por tanto, debe considerarse como bien de primera necesidad.
Este cambio en la tributación permitiría tener más recursos para afrontar el desafío actual al que se enfrenta el transporte público, que debe liderar el replanteamiento de la movilidad en las ciudades sobre las bases de la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la experiencia de servicio de usuario.
Al mismo tiempo, el transporte público tiene ante sí el reto de hacer frente a un incremento del número de viajeros; no en vano la previsión es que este año crezcan un 3% debido al mayor dinamismo de la actividad económica y la menor tasa de desempleo, una variable inversamente proporcional al aumento de viajeros.
ATUC explica que repercutir esa bajada del IVA en el precio final de la tarifa tendría un impacto mínimo en el bolsillo del usuario y tampoco incentivaría el uso del transporte público pues la experiencia muestra que la demanda de este servicio es muy inelástica. Por el contrario, sí supondría un revulsivo para acometer mejoras del servicio y tener un sistema donde la relación calidad/precio sea todavía más evidente.
En la actualidad, los precios de los billetes y abonos en España están muy alineados con los niveles de renta de la población y son más bajos que en otras ciudades europeas. Por citar un ejemplo, el abono de transporte mensual en Berlín es casi 25 euros más caro que en Madrid, cuando ambas ciudades tienen un PIB similar (datos Barómetro EMTA 2015).
Dentro del Plan TP
La petición de reducir la tributación del IVA del transporte público al tipo superreducido (4%) se enmarca dentro del conjunto de medidas del Plan TP elaborado por ATUC, que recoge las propuestas del sector para liderar el cambio en la movilidad de las ciudades.
En este plan se plasman, entre otras medidas, la necesidad de articular una Ley de Financiación del Transporte Público ámbito estatal, que ponga orden los recursos que se asignan al sistema, cuyo coste anual es de aproximadamente 5.000 millones de euros y de los que alrededor de un 50% se obtiene del precio del billete y el resto de recursos públicos.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “apostar por el transporte público no debe ser un mero eslogan. Necesitamos un sistema con recursos mejor asignados, con vías de financiación nuevas y justas y con un marco legal que proporcione orden y estabilidad a todo ello. Nuestra sociedad está cada vez más concienciada, por lo que no tiene lógica que el transporte público tenga el mismo IVA que el que aparece en el ticket del bar cuando nos vamos de cañas. La necesidad no es la misma y su tributación tampoco debe serlo”.