Además de destinar unos recursos públicos al desarrollo de aplicativos que ya cumplen esta función hoy en día, los operadores tecnológicos también apuntan que el concurso público distorsiona la libre competencia, ya que según recomiendan diferentes informes de Autoridades de la Competencia, además de directivas smartcity y de la entidad certificadora Aenor, resulta innegable el poder disruptivo y transformador de la tecnología en el ámbito de las gestiones cotidianas y, ahora ya, una tecnología fundamental para la competitividad de las empresas, la creación de riqueza y el impulso en innovación y desarrollo tecnológico en general, siempre que esos servicios tecnológicos puedan operan sin trabas en un marco competitivo y de libre mercado.
Los últimos informes de las Autoridades de la Competencia subrayan que para los servicios de apps tecnológicas ligadas al sector de estacionamiento no deben realizarse concursos públicos, con el fin de evitar prácticas de monopolio y de dominio de la Administración Pública. Estos servicios deberían ser autorizados ofreciendo aplicaciones con servicios tecnológicos a los ciudadanos en un entorno ‘open data’ con coste cero para las arcas públicas.
Por otro lado, según manifiestan los responsables de apps existentes que ofrecen este tipo de servicio, el concurso público del Ayuntamiento de Barcelona infringe el artículo primero del RDL 3/2011 sobre los contratos del sector público, al destinar dinero público a un concurso para redundar en una infraestructura ya existente, y que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como otros municipios de su Area Metropolitana pueden disponer de forma gratuita.