La CNMC desmantela cinco cárteles integrados por 11 empresas y 1 asociación empresarial

Fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, edificación de viviendas, uso doméstico, obras de empresas energéticas, de telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado cinco cárteles de los que son responsables 11 empresas y una asociación empresarial. Fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales. (S/DC/0562/15).

Las empresas con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia) y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, hasta que uno de ellos denunció los hechos ante la CNMC. Las sanciones se elevan a 44,7 millones para las empresas y a 80.000 euros para la asociación.

La creación de un cártel es la conducta ilícita más lesiva para el buen funcionamiento de la economía, pues encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia. Los hechos han quedado acreditados en los mails, WhatsApp y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su modus operandi.

Cártel de los fabricantes

El primer cártel lo crearon las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión llevando la iniciativa en la mayor parte de ocasiones las líderes en dicho mercado (General Cable). En colaboración con la asociación FACEL, acordaron de manera sistemática y continua las tarifas y descuentos del suministro de cables, la fecha de aplicación de las tarifas acordadas en cada momento y la de su anuncio a los clientes, los plazos de pago, las condiciones de suministro e incluso la línea argumental que debían seguir todos ellos para justificar los cambios de tarifa ante los clientes. Pero además, se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes.

Estos hechos se produjeron desde 2002 hasta 2015, cuando se realizaron cerca de 52 reuniones con la colaboración de FACEL.

Por todo ello, se considera que han cometido una infracción constitutiva de cártel, consistente en la adopción de acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales, y de reparto de proyectos de suministro de cables de baja y de media tensión con la colaboración de FACEL, de la que son responsables las siguientes 7 empresas fabricantes:

Cabelte Incasa Industria Navarra de Cables y solidariamente su matriz Cabelte-Cabos Eléctricos e Telefonicos.
Grupo General Cable Sistemas y solidariamente su matriz General Cable Holdings Spain.
Miguélez y solidariamente su matriz Grupo Miguélez.
Nexans Iberia y solidariamente su matriz Nexans.
Prysmian Cables Spain y solidariamente su matriz Draka Holding.
Solidal Condutores Electricos, s.a. y solidariamente su matriz Companhia Industrial Quintas & Quintas Sgps.
Top Cable.

Este cártel ha sido sancionado con una multa de 31,6 millones de euros para las empresas, a los que hay que sumar los 80.000 euros de FACEL.

Cárteles entre distribuidores y fabricantes

Por otra parte, este tipo de acuerdos de reparto del suministro de cables se ha llevado a cabo entre una distribuidora y cuatro empresas fabricantes. La mecánica de reparto de grandes clientes (empresas instaladoras, ingenierías, eléctricas, etc.) o proyectos de gran envergadura (grandes infraestructuras, centrales eléctricas, parques eólicos, etc.) ha sido prácticamente idéntica y se realizaba a través de las denominadas “coberturas”. Cuando un gran cliente solicitaba una oferta de suministro de cables a distribuidoras y fabricantes, las empresas previamente acordaban el precio a ofertar al cliente en la licitación, de modo que los fabricantes ofrecían un precio superior al del distribuidor para asegurarse de que este último resultara adjudicatario. Una vez adjudicado el proyecto a la distribuidora -que “pilota” el acuerdo, según la terminología usada por las empresas- ésta compensaba a los fabricantes implicados encargándoles la fabricación de los cables en ese u otro proyecto. Todo ello suponía, en la práctica, un incremento de los precios fijados para el suministro de dichos cables al cliente final, pues los acuerdos de cobertura con los fabricantes permitían a las distribuidoras fijar al aza el precio de sus ofertas, pues conocían ya los precios, también incrementados, que ofertarían dichos fabricantes.

Por todo ello, se han sancionado tres cárteles. En el primero de ellos, el llamado cártel de PEISA y las empresas fabricantes, Grupo General Cable Sistemas, y solidariamente su matriz General Cable Holdings Spain; Productos Eléctricos Industriales (PEISA) y Top Cable. Se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013. Este cártel ha sido sancionado con 3,572 millones de euros.

En el segundo cártel, llamado de Nixa y las empresas fabricantes, Grupo General Cable Sistemas, y solidariamente su matriz General Cable Holdings Spain; Negocios Industriales y Comerciales y solidariamente su matriz Abengoa; Prysmian Cables Spain y solidariamente su matriz Draka Holding y Top Cable. Se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013. Este cártel ha sido sancionado con 6,521 millones de euros.

Y en el tercer cártel, llamado de Amara y las empresas fabricantes, Amara y solidariamente su matriz Iberdrola; Grupo General Cable Sistemas y solidariamente su matriz General Cable Holdings Spain; Prysmian Cables Spain y solidariamente su matriz Draka Holding. Se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2011 hasta 2015. Este cártel ha sido sancionado con 3,481 millones de euros.

Cártel de distribuidoras

Finalmente, en el cártel entre dos empresas distribuidoras, que se repartieron un total de 25 proyectos de suministro de cables desde 2011 hasta 2015 para clientes como Repsol, Petronor, Técnicas Reunidas o Initec han sido sancionadas; Comaple y solidariamente su matriz Oteinver y Negocios Industriales y Comerciales y solidariamente su matriz Abengoa. Este cártel ha sido sancionado con 112.626 euros. Las matrices de algunas de estas empresas se han imputado por responsabilidad solidaria.

De conformidad con el programa de clemencia, la CNMC ha eximido del pago de la multa impuesta a Grupo General Cable Sistemas y a su matriz General Cable Holdings por un montante total de 12,669 millones de euros.

La CNMC considera la lucha contra los acuerdos de mercado y los cárteles una de sus prioridades de actuación por su efecto nocivo sobre la competencia y los consumidores. Estos acuerdos han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida en que encarecieron el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante un largo periodo de tiempo.

La CNMC cuenta con el programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel pueden aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería. Más información en: