Los seis consejos para evitar que la morosidad haga estragos son:
Concretar una estrategia de crédito. Definir de antemano cómo actuar ante un moroso ahorrará situaciones complicadas y, sobre todo, soluciones improvisadas.
Conocer al cliente o al proveedor. Comprobar su historial para saber su solvencia puede ser un gran aliado.
Concretar las formas de pago. Se puede operar de forma diferente en función de si es un cliente nuevo o no. Por ejemplo, ofreciendo una mayor flexibilidad a los que ya son conocidos. De esta manera no sólo se tienen más garantías sino que se les ofrece un valor añadido.
Por adelantado, siempre mejor. Si se pide al menos una parte antes de acometer un servicio se tendrá una liquidez mayor y también se evitarán impagos.
Establecer normas cuando un cliente incumpla. Lo más importante en este sentido es que el cliente conozca en todo momento qué plazos tiene para pagar y qué ocurrirá si no lo hace.
Información... y paciencia Si queda poco tiempo para vencer el plazo, se recomienda avisar a los clientes. No hay que esperar a que termine para recordarles que no han pagado. Hay que ser insistentes y ofrecerles facilidades en la medida de lo posible, pero sin olvidar el acuerdo al que han llegado.
¿Y el Gobierno qué hace contra la morosidad?
Después de cinco meses, termina el plazo para la presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En cuanto se apruebe, la norma dará respuesta a muchas de las peticiones de los afectados por impagos en el mundo de la empresa. Además, supone uno de los grandes pactos en materia económica al que llegan los grupos parlamentarios de manera unánime en esta legislatura.
¿Qué implicaciones tendrá la nueva Ley contra la morosidad?
El texto recoge multas de entre 400 y cerca de 820.000 euros a aquellas empresas que incumplan de manera reiterada los periodos de pago a los proveedores. No solo eso. También tiene en cuenta otras variables como la posibilidad de fraude, la confabulación entre el pagador y el proveedor, las advertencias previas de impago, la capacidad financiera del deudor, la falsificación de facturas…Con este paso, se busca una mayor protección frente a una de las principales causas del cierre, sobre todo de pequeñas y medianas empresas.
¿Quiénes son los más morosos del mercado español?
De media, las empresas españolas tardan unos 77 días en pagar sus facturas pendientes, 17 días por encima de lo establecido por ley (60 días). Aun así, este cálculo no constituye un reflejo fiel de la realidad. Y es que son las empresas de más de 250 trabajadores las que superan el máximo legal para los pagos a los proveedores, con unos plazos de devolución que alcanzan los 114 días de retraso.
A la larga, las víctimas de este comportamiento en las relaciones comerciales suelen ser las pymes y los autónomos. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) más de 25000 pequeños empresarios han tenido que echar el cierre como consecuencia de los retrasos en los pagos en 2016. Gracias a esta Ley de refuerzo, pymes y autónomos podrán recuperar algo de liquidez a pesar de los impagos. El texto contempla, entre otras, la posibilidad de recuperación del IVA no devengado en más de tres meses.
Hasta que la normativa salga adelante, y con estos plazos elevados para el cobro de facturas, los empresarios deben buscar alternativas para conseguir la solvencia que les hace falta para mantener a flote el negocio. Entre ellas, una de las más destacadas es la opción de descontar pagarés con empresas como Fideco.