Y es que hay que tener en cuenta que se trata de una reforma en profundidad de una de las políticas más importantes de la UE, de la que dependen la estabilidad, seguridad y garantía de los agricultores de la provincia de Córdoba, donde existen 42.235 solicitantes de la PAC, afectando también a los cultivos del olivar, con 350.000 hectáreas en la provincia; los cítricos, con 11.500 hectáreas, o el trigo con 65.360 hectáreas, así como miles de cabezas de ovino y vacuno.
La PAC es y debe seguir siendo una Política eminentemente Común y su estructura debe de seguir estando basada en los dos pilares: pagos directos y medidas de mercado y, como segundo pilar, políticas horizontales. Son indispensables normas y fondos comunes que garanticen el buen funcionamiento del mercado único europeo y permitan evitar distorsiones de la competencia. La futura PAC debe estar al servicio de todos los ciudadanos y agricultores de la Unión Europea, por lo que “la renacionalización de esta política es inaceptable”.
Fernández de Mesa considera que la PAC necesita “un presupuesto digno y suficiente para poder cumplir con sus objetivos”. Y es que se exige a la agricultura europea una serie de cumplimientos y esfuerzos en cuanto a prácticas productivas, estándares de calidad, condiciones de bienestar animal o respeto medioambiental y usos de los recursos naturales que no tienen comparación en otros países terceros con los que debemos competir dentro y fuera de nuestras fronteras.
Por ello, hay que valorar positivamente el acuerdo alcanzado en Alemania para contribuir al presupuesto de la UE a partir de 2021 y un mayor desarrollo de la PAC.
Son necesarias inversiones en capital humano, en formación, en maquinaria y en utilización de factores de producción para poder responder a estas exigencias garantizando un aprovisionamiento de alimentos de calidad, trazabilidad y garantía sanitaria y veterinaria a precios razonables para el consumidor. Hay que recordar que el gasto de la PAC es de menos del 1% del gasto público del conjunto de la UE y los Estados Miembros.
Los pagos directos siguen siendo el principal instrumento de apoyo y estabilización de la renta agrícola, por lo que deben complementarse con medidas de gestión del mercado más contundentes, más eficientes y con mayor capacidad de respuesta, especialmente en momentos de crisis de mercados. En este contexto, la aplicación de límites, pagos diferenciados y modulaciones “perturbaría considerablemente la estructura de la renta agrícola y podría tener graves consecuencias en el empleo y la inversión agrícola”.
Asaja considera que los pagos agrícolas deben continuar siendo anuales, conocidos de antemano y estables, para garantizar que las explotaciones de la UE sean competitivas frente a las de otras zonas del mundo con muchos menos requisitos y obligaciones legales y medioambientales.